Nueva amenaza judicial para el plurilingüismo

Los padres de la Federación Católica valoran solicitar al Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el Consell

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) plantearon ayer solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de plurilingüismo presentado el pasado viernes por el Consell como «solución» a la problemática coyuntura que afronta la educación no universitaria valenciana.

En palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el curso escolar 2017-2018 empezará en la Comunitat «con normalidad y mejores condiciones que el año pasado». Con todo, los hechos contradicen sus previsiones. Los padres de los alumnos de la Federación Católica denunciaron que el Gobierno valenciano ha iniciado el curso político manteniendo los errores cometidos el pasado. «Con el tripartito, cada inicio de curso educativo es peor que el anterior».

En el comunicado lanzado ayer, la asociación declaró que la Conselleria de Educación, presidida por Vicent Marzà, continúa actuando sin diálogo ni consenso. Con respecto a la última medida del conseller, la aprobación de un decreto ley sobre plurilingüismo para evitar que los planes en materia de enseñanza culminen nuevamente en los tribunales, Fcapa alegó que se trata de un «fraude de ley».

La asociación insiste en que se trata de «una mera modificación del Decreto 9/2017 (suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) pero con el objetivo de seguir imponiendo su programa ideológico en el ámbito lingüístico».

El pasado viernes Marzà vaticinó que «con este Decreto Ley se da respuesta a lo que las familias habían pedido».

Tres días después, los padres responden a las palabras del conseller declarando que realmente lo que la Administración debería haber hecho es modificar el Decreto de plurilingüismo desde que los tribunales sentenciaron los primeros fallos en su contra por presunta discriminación lingüística.

«La solución hubiera sido mucho más sencilla y justa, sin generar incertidumbre y temor en toda la comunidad educativa».

A escasos días del arranque del curso escolar 2017/2018, la situación de la educación en la Comunitat ha vuelto a acaparar la atención estatal. En el encuentro mantenido ayer con motivo de la celebración de la Junta Directiva Nacional, el Decreto Ley del Consell fue abordado dado que «un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas».

A pesar de que este decreto tan solo afectaría a un cinco por ciento del alumnado -el resto, a partir de los cuatro años, mantendrían los programas lingüísticos del curso pasado- la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, y el Ministro de Educación, Méndez de Vigo, encontraron conveniente reunirse con motivo del inicio escolar, que arranca, por año consecutivo, de manera convulsa.