«Prefiero decir que no, a decir que sí y luego incumplir los planes de pago»

El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, cree que la Generalitat es prudente a la hora de llegar a acuerdos de pago a proveedores y servicios, porque lo peor que les puede pasar es adquirir compromisos «y luego no cumplirlos».

El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, cree que la Generalitat es prudente a la hora de llegar a acuerdos de pago a proveedores y servicios, porque lo peor que les puede pasar es adquirir compromisos «y luego no cumplirlos». En una entrevista a la Agencia Efe, Moragues explicó que se está llegando a acuerdos con diversos colectivos para establecer planes de pagos de la deuda. «Prefiero decir que no, a decir que sí y luego incumplir, aunque cuesta decir que no».

Y es que para el conseller, esa deuda comercial es la «realmente preocupante», porque afecta a «la gente de la calle, la gente que protesta y esa persona a su vez no puede pagar a otra, es un efecto dominó». «Esa sangría hay que reducirla lo antes posible». En este sentido, apuesta por ganar en credibilidad y confianza mediante el cumplimiento de los compromisos de pago, una parte de los cuales vendrá por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que confía en que se conceda en breve por parte del Gobierno.

La Generalitat ha solicitado 2.500 millones al FLA -1.598 millones para vencimientos de deuda con banca extranjera y 713,5 para cubrir déficit- pero hay que ver si hay importe adicional, si se fraccionará y los condicionantes de prelación.

Sobre el déficit, indicó que en 2011 ascendió a 5.075 millones de euros y en un año los ingresos ordinarios (tributos propios y cedidos y entregas a cuenta del sistema de financiación) han bajado en 500 millones mientras los gastos financieros han aumentado en 300 millones. «Es una situación comprometida y harto complicada, pero se están haciendo ajustes con la premisa de no disminuir la calidad ni el carácter público ni la gratuidad de los servicios públicos y atender el gasto social». Cree que si la Comunitat estuviese al nivel de la financiación per cápita media, dispondría de mil millones más, y a ello se suma una renta per cápita inferior a la media y una aportación al Estado superior a lo que recibe.

En cuanto a si este año habrá más ajustes, respondió que las medidas de búsqueda de eficiencia son continuas y se está avanzando en la reducción del sector público empresarial y en la mejor gestión del patrimonio. Según dijo, para establecer esas medidas se tiene que ver primero cómo acaba el ejercicio de 2012 y las desviaciones, y vigilar el cumplimiento del Presupuesto de la Generalitat para 2013.

Respecto a la imagen de la Comunitat que dan los casos de corrupción, defendió «ser fulminante con la indecencia», dado que los representantes públicos tienen un plus de ejemplaridad, pero recordó que existe la presunción de honestidad y que un político «no puede ser mancillado sin pruebas irrefutables». En su opinión, ese «desapego» de la ciudadanía con la clase política no beneficia a nadie: «ni a los políticos, ni a la sociedad, ni a la economía, ni las expectativas, ni la confianza». Distinguió entre los diputados cuya acta es personal y los miembros del Consell, entre quienes «no hay ni un halo de sospecha» y están realizando una gestión pública «con diligencia y orden».

Finalmente, sobre la recomendación del Síndic de Greuges al Instituto Valenciano de Finanzas de que se implique en la búsqueda de soluciones a los afectados por participaciones preferentes, señaló que el organismo puede mediar o aportar ideas pero los responsables son las propias entidades financieras.