Puig pedirá al Gobierno 1.000 millones en 2017 y 800 para 2018

El Consell introdujo en los presupuestos de 2015 un total de 1.300 millones de euros a modo de reclamación de la cantidad de dinero extra que la Comunitat Valenciana debería exigir si se reformara el sistema de financiación. Siguiendo con esta dinámica, la Generalitat ha introducido en los planes de ajuste para 2017 y 2018 las cantidades de 1.000 y 800 millones de euros respectivamente, ajustándose también a los déficits exigidos para esos dos ejercicios, que son del 0,1 y del cero por ciento respectivamente.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a la que acudió luciendo su peinado de fallera. De hecho ayer se despidió de todos los periodistas hasta pasadas estas fiestas.

En el plan de ajustes remitido al Ministerio de Hacienda, imprescindible para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de este año, se incluye también una reducción del presupuesto del sector público empresarial y fundacional del 7,45 por ciento. En el documento, según Oltra, se incluye que la Generalitat no realizará ningún recorte en los servicios básicos fundamentales y recordó que los valencianos «ya soportan un gasto per cápita inferior al conjunto de comunidades de 87 euros en sanidad, educación y protección social, y de 246 euros en el resto de políticas de gasto».

A su lado compareció la conseller de Vivienda, María José Salvador, para explicar el anteproyecto de Ley de Función Social de la Vivienda, que incluye medidas para hacer posible que los afectados por procesos de desahucio puedan seguir en sus inmuebles.

La primera de ellas será la creación de un registro de viviendas vacías, en el que las entidades financieras y los grandes tenedores de viviendas (más de diez) están obligados a incluir los inmuebles que permanezcan vacíos durante más de diez años. Estas viviendas tendrán que ser cedidas para alquiler social. De no hacerlo, tanto los bancos como el resto de propietarios serán sancionados. Preguntada por la predisposición de las entidades financieras ante esta normativa, la consellera aseguró que son sabedoras de la misma desde julio del año pasado y solo se han firmado tres convenios de cesión. «Voluntad no hay mucha», reconoció, pero advirtió de que las que no cedan los inmuebles serán multadas.

En otro orden de cosas, Oltra anunció la creación de una viceintervención general específica para el control de fondos comunitarios y subvenciones, que potenciará la vigilancia y la fiscalización del uso de los recursos aportados por la Unión Europea. Esta decisión se adopta después de que la semana pasada Bruselas solicitara al Ministerio de Economía que investigue si existen fondos europeos utilizados en la Comunitat de manera ilegal. Añadió que esta viceintervención se crea también para aumentar los ingresos por vía de fondos europeos, puesto que, desde su punto de vista, hasta ahora estas líneas no han sido aprovechadas.