Puig reacciona y pide la dimisión de Rodríguez

El secretario general del PSPV se suma a la postura de Ábalos y propone a la Ejecutiva que el presidente de la Diputación deje todos sus cargos. Designa a Toni Gaspar como sucesor

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, esperó a última hora de la tarde para anunciar que el presidente Jorge Rodríguez, detenido en el marco de la operación Alquería, no debía permanecer al frente de ninguno de sus cargos. Lo hacía horas después de que el secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos dejase bien claro que Rodríguez tenía que apartarse del partido.

Puig y Ábalos tenían previsto reunirse hoy para abordar cuestiones sobre infraestructuras- Ábalos es también ministro de Fomento- pero la reunión se ha aplazado hasta nuevo aviso.

A las diez y media de la noche se reunió el Secretariado del PSPV y Puig comunicó a los componentes de este órgano su decisión. «La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras 20 años de Gobiernos del PP».

Así mismo, anunció su apuesta por el vicepresidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, para ocupar la Presidencia de la Diputación. Queda por determinar quién asumirá la portavocía del partido.

Puig, que por la mañana se había comprometido a que tomaría las medidas pertinentes «en el momento oportuno y cuando se sepa de qué estamos hablando», anunciaba esta decisión, «con dolor».

Insistía también en que confiaba en la presunción de inocencia de Rodríguez, pero admitía que el PSPV no podía permitirse no mostrar contundencia contra la corrupción. «Su lucha nos ha llegado incluso a arruinar».

Con esta declaración, las valoraciones realizadas por Compromís, socio de Gobierno no solo en el Consell, sino también en la Generalitat, todavía llamaban más la atención.

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, había admitido que el despliegue policial y el tipo de actuaciones judiciales en la operación Alquería, apuntan a «algo serio y feo», pero defendía que todavía es pronto para exigir responsabilidad. «Eso sí, si de las actuaciones se desprende que ha habido irregularidades se actuará con contundencia como siempre ha hecho el Consell».

Comprensiva se mostraba también la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y portavoz de Esquerra Unida (EU), Rosa Pérez Garijo, quien en clara contradicción con su postura en tiempos del PP, hizo hincapié en que las irregularidades denunciadas en los contratos de alta dirección de la empresa pública de la Corporación provincial Divalterra «no cuadran» con el operativo policial montado para detener a seis personas. Justificó en esta duda su cautela. «No entiendo que por irregularidades en contratos se monte este operativo».

Mucho menos comprensivos fueron el resto de grupos. La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, pidió a Puig que tome «cartas en el asunto» y, «por coherencia», cese a Rodríguez. Indicó que las detenciones vienen a confirmar lo que el PP lleva denunciando desde el principio de la legislatura. Recordó que su formación ya presentó una denuncia a la Fiscalía por malversación de fondos por el abuso de contratos menores en Divalterra. El resultado fue el cese de dos cogerentes de esta empresa pública, los socialistas Víctor Sahuquillo y José Ramón Tíller. Este último trabajó en la empresa Crespo Gomar, investigada por la presunta financiación ilegal de la campaña del PSPV y el Bloc de 2007.

Sahuquillo acabó dimitiendo tras conocerse haber cargado al erario cerca de 300 euros en gin tonic. «Ya dijimos que esto era la anécdota y que el problema estaba en los contratos irregulares». Contelles insistió en que el PP ha seguido denunciando los contratos de alta dirección también en la Inspección de trabajo y otras denuncias porque veían que la situación en Divalterra no era la correcta.

Igual de duro fue el portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Estañ, quien aseguró que los hechos conocidos hasta este momento revisten la suficiente gravedad como para pedir la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia. Su homóloga en el Congreso, Irene Montero, se manifestó en la misma línea y avanzó que su partido pedirá la dimisión de Rodríguez si se confirma su implicación en este caso de prevaricación y malversación de fondos.

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, por su parte, lamentó que la corrupción en la Comunitat Valenciana «no pertenece a un solo partido». En este sentido, añadió que el nivel de corrupción que existe en la Comunitat es «insostenible, de vergüenza muy profunda» y «tira por tierra» la imagen y respetabilidad de los valencianos. «Ciudadanos, dijo, seguirá velando por la regeneración y la transparencia real» y criticó que se diga que hay unos partidos «más limpios que otros».

Aprovechó la ocasión para subrayar que la corrupción atañe a todos los partidos que se han asentado en el bipartidismo, el PP, el PSOE e incluso el Bloc, e indicó que esperarán a saber más datos de la investigación judicial para pedir al PSPV las responsabilidades oportunas. Sin embargo, su compañera de partido en la Diputación, Mari Carmen Peris, sí que anunció que habían pedido la dimisión de Rodríguez «porque merecemos un gobierno limpio».

Recordó que desde hace un año están denunciando que en Divalterra había irregularidades. Es más, aseguró que ha tenido que acudir a un notario para conseguir documentación. El pasado mes de mayo su partido presentó una denuncia en la Fiscalía por contratos irregulares realizados a altos directivos de Divalterra.

Las sospechas de Divalterra

Durante el último año y medio, LA RAZÓN ha publicado informaciones sobre las irregularidades de Divalterra. Esta empresa pública ha sido protagonista de denuncias por parte del PP y de Ciudadanos y también el centro de la lucha de poder dentro del propio PSPV. Mientras los trabajadores denuncian sueldos de miseria.