Puig y Oltra denuncian que la infrafinanciación incumple la Constitución

La Generalitat valenciana y la sociedad civil reivindican mayores recursos procedentes del Estado para garantizar los derechos y la igualdad de la Comunitat

Toda la sociedad valenciana, liderada por la Generalitat y las organizaciones empresariales, reivindicó ayer en Madrid una mayor financiación y mejores inversiones para la Comunitat. Bajo el lema «Tots a una veu», los rectores de las universidades públicas, los sindicatos, la patronal, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y los diputados valencianos en el Congreso se reunieron en el Círculo de Bellas Artes, en un acto multitudinario para hacer llegar a la capital del Estado «la problemática del pueblo valenciano».

De la Generalitat, todos los consellers y secretarios autonómicos arroparon al presidente, Ximo Puig, y a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en sus intervenciones. El Gobierno valenciano en pleno reforzó la imagen que se quería trasladar de una Comunitat «injustamente tratada», no solo en el ámbito de la financiación, sino también en el de las inversiones en infraestructuras.

Aparte de escenificar la unión a nivel institucional de la sociedad, también se trasladó esta misma idea en los mensajes que llevaron a Madrid el tándem Puig-Oltra. Los dos dieron un paso más en su denuncia sobre la financiación y transmitieron que lo que ocurre en la Comunitat es «inconstitucional».

El jefe del Consell se quejó de la «redistribución» que realiza el Gobierno central, con la que destina recursos a algunas autonomías con una renta por encima de la media. Y responsabilizó al Gobierno de Mariano Rajoy de prorrogar un modelo de financiación que debía haberse reformado en 2014.

Tras enfatizar la grave situación económica por la que atraviesa la Generalitat, denominada por algunas personas cercanas al presidente como de «quiebra técnica» y que impide, según Puig, desarrollar políticas sociales, educativas, o de ocupación, el jefe del Ejecutivo valenciano aseguró que todas ellas «están desmanteladas» por lo que denunció que «se está incumpliendo la Constitución», en cuanto a los principios de «solidaridad e igualdad de derechos y obligaciones de los españoles».

La vicepresidenta, Mónica Oltra, fue más explícita. «Hay más de cinco millones de españoles (valencianos) que sufren una discriminación inconstitucional que impacta en su vida cotidiana».

También ambos hicieron referencia a la necesidad de acabar con los tópicos que envuelven a la Comunitat, sobre todo cuando se hace referencia al «Levante feliz» y a la discriminación en cuanto al dinero que se recibe por habitante, y el 80 por ciento menos de lo que gasta en sanidad, educación o servicios sociales.

Apoyado por el presidente de la Comisión de Expertos en el tema de la financiación, Francisco Pérez, cuyo informe fue aprobado por unanimidad en Les Corts y basado en los datos que allí se reflejan, el presidente Puig reivindicó la necesidad de reconducir el debate político «a las grandes asignaturas pendientes» para poder «abordarlas y solucionarlas», haciendo referencia a la «invisibilidad y desigualdad» que sufre la Comunitat.

Incidió en que la insuficiente financiación de las competencias transferidas recibidas «todavía no se ha solucionado», lo que ha hecho multiplicar la deuda de la Comunitat por seis, hasta alcanzar el 43 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que ha situado a la Valenciana como la autonomía «más endeudada y también la peor financiada», con una tasa de paro superior a la media y doce puntos por debajo de la renta per cápita.

El presidente no solo quiso transmitir el lamento del Consell. En la parte final de su discurso planteó las soluciones que aporta la Generalitat, tras reconocer, como ya hizo en actos anteriores, que en la economía de la Comunitat Valenciana comienza a haber indicadores positivos de mejoría. Puig planteó las soluciones que se recogieron en el informe del Comité de Expertos, en el que se plantea la propuesta valenciana al modelo de financiación.

También anunció su predisposición a mantener una reunión con todos los presidentes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España para mejorar una solución que evite «el bloqueo de los fondos estructurales. Lo que le conviene a España no puede ser monopolio de la administración central».

En los corrillos de los asistentes se criticó que el acto no lograra llamar la atención de los sectores influyentes en la capital. Incluso lo hicieron notar algunos de los diputados que conforman el tripartito. No aportó ninguna novedad, quizá solamente la cara de algunos consejeros delegados de posibles empresas contratistas de la Generalitat o de algún banco. En total, unas 180 personas que escucharon como el presidente de la Comisión de Expertos, Francisco Pérez decía ante el público asistente, lo mismo que grita la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, (ausente en el acto), que el problema de la Comunitat Valenciana «no es el despilfarro, sino la falta de ingresos».

2.500 millones de FLA

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, destacó ayer que el Gobierno acaba de desbloquear 2.500 millones del cuarto trimestre del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo aseguró tras la reunión de más de dos horas que mantuvo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sede del Ministerio en Madrid para tratar «temas fundamentales para la Comunitat», como la reforma del sistema de financiación.