Respaldo unánime a la reforma de la ley para inhabilitar a los corruptos

Todos los partidos con representación en Les Corts apoyaron ayer la aprobación del Código Penal Procesal que avanzó ayer LA RAZÓN y que plantea que el juez pueda inhabilitar a los cargos públicos imputados por casos de corrupción hasta que se resuelva el procedimiento.

Todos los partidos con representación en Les Corts apoyaron ayer la aprobación del Código Penal Procesal que avanzó ayer LA RAZÓN y que plantea que el juez pueda inhabilitar a los cargos públicos imputados por casos de corrupción hasta que se resuelva el procedimiento.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, comparte la filosofía de estos cambios legales. «Veo con buenos ojos todas las medidas encaminadas a velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Ahora más que nunca hay que ser lo más transparente posible y actuar con contundencia ante cualquier tipo de situación que genere dudas sobre la ejemplaridad de los políticos. Creo que cuantas más medidas existan para atajar comportamientos no deseados, mejor para todos los políticos honrados».

En términos parecidos se pronunció el PSPV, que se mostró a favor de endurecer la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pidieron prudencia, ya que todavía tienen que analizar en profundidad la propuesta. Precisamente, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, evitó pronunciarse hasta estudiar el borrador de la reforma.

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera señaló ayer que «la democracia saldrá ganando» y añadió que, «si la decisión la adopta el juez, es un paso más en la línea correcta aunque hay que dar más para aumentar la transparencia y la honradez, porque aquí no dimite nadie», y reiteró que, «sin conocer el detalle de la reforma, es un paso adelante».

En un sentido muy similar se pronunció Ignacio Blanco, portavoz adjunto de EU, quien señaló que «en la filosofía estamos de acuerdo». También recalcó que desconocía la literalidad de la reforma adelantada ayer, pero que de aplicarse así, «se evitarían casos como el de Rafael Blasco o Sonia Castedo».

Por su parte, el decano de los jueces, Pedro Viguer, quiso ser cauto y no pronunciarse hasta leer el informe.