Ribó insta a conductores de la EMT a no avisar a la Policía de los «sin papeles»

Les aconseja que «no colaboren en la realización de identificaciones basadas en perfil racial» y que si una persona no tiene documentación que acredite su situación regular, «no den aviso a los cuerpos policiales»

El Ayuntamiento de Valencia emprenderá medidas para garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida «por cuestiones raciales ni privada de libertad por el hecho de estar en una situación administrativa irregular». La intención del tripartito llega a tal extremo que no solo insta a los agentes de la Policía Local a no actuar con «sesgo racista», sino que libera a conductores y revisores de la EMT de la tarea de avisar a la autoridad si detectan que algún pasajero carece de documentación que le identifique.

En la polémica moción que ayer llevó el Gobierno local al pleno se lee: «Se incluye en los convenios con las empresas adjudicatarias para el transporte público un compromiso de garantía del derecho a la movilidad de todas las personas, por medio de un uso de las redes de transporte público que no se vea perturbado por identificaciones raciales».

Y se añade: «Así como instar expresamente al personal contratado para el desarrollo de los servicios de transporte, que no colabore en la realización de identificaciones basadas en perfil racial, y que, en el supuesto de que haya una persona que no tenga documentación acreditativa de una situación administrativa regular, no se dé aviso a los cuerpos policiales».

Sospechosos habituales

La frase, según denuncian desde el grupo municipal popular, implica abrir la puerta a la picaresca y, en el peor de los casos, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios de la EMT. En este sentido, el concejal popular Alberto Mendoza recordó ayer que en los títulos personalizados, como es el caso del de Familia Numerosa, Bono Oro o el Bono Joven, tanto el revisor como el conductor del autobús «pueden y deben» pedir el DNI al pasajero a fin de acreditar que es el titular de éste. «¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo podrán comprobar que no existe engaño?» En materia de seguridad, explicó Mendoza, las nuevas órdenes resultan más peligrosas. «Si veían algún sospechoso, por ejemplo a alguien ‘muy interesado’ en los bolsos, los conductores avisaban a la Policía. Era lo normal. ¿Y ahora harán la vista gorda? Y si ven a alguien con mochilas sospechosas, ¿qué tienen que hacer?» El edil lamenta la propuesta del tripartito y la indefinición de ésta.

Sin embargo, no es el único que no ve clara la postura que ha tomado el equipo de Joan Ribó en este asunto. Incluso dentro de la coalición del tripartito ha habido voces discordantes, en concreto la del primer teniente de alcalde, Joan Calabuig, quien hasta el último momento trató de que sus socios de gobierno cambiaran esta moción en el apartado referente a la petición de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Zapadores.

Con todo, la moción, incluida por procedimiento de urgencia, fue finalmente aprobada con los votos de los tres grupos del equipo de gobierno (Compromís, PSPV y València en Comú), y en contra del PP y Ciudadanos (C’s).

Fue el segundo teniente de alcalde Jordi Peris (València en Comú) quien la defendió y quien pidió instar al personal del transporte para que si alguna persona carece de documentación acreditativa no avise a los cuerpos policiales. También apoyó la necesidad de cerrar los CIE porque su situación «violenta los derechos fundamentales de las personas».

Por su parte, la concejala de Policía Local, Sandra Gómez, intervino para aclarar que la Corporación cree que sus policías «actúan siempre de acuerdo con las normas y las leyes y respetando los principios de justicia e igualdad».

Gómez realizó una adición de dos puntos a la moción, que fue aprobada con los mismos, con el compromiso de que la Policía Local desarrolle una labor como factor de cohesión e integración social y se impulse la formación específica del Cuerpo policial en el trato de delitos de odio y discriminación racial.