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Costa se libra de la cárcel por el caso Gürtel y la presunta ‘caja b’ del PP

El juez le impone a cambio una multa de 192.000 euros y 365 horas de trabajos comunitarios

  • El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, a su llegada hace justo un año a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde, junto a el ex vicesecretario general del PPCV David Serra, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, declaró en el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga las adjudicaciones para las obras del circuito urbano de Fórmula Uno
    El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, a su llegada hace justo un año a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde, junto a el ex vicesecretario general del PPCV David Serra, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, declaró en el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga las adjudicaciones para las obras del circuito urbano de Fórmula Uno /

    Efe/M. Bruque

Valencia.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de junio de 2019. 12:11h

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Ep.  Valencia. 13/6/2019

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa podrá eludir la condena de cuatro años de prisión dictada por la Audiencia Nacional en la causa de la financiación ilegal de su partido a cambio de una multa de 192.000 euros y 365 horas de trabajo comunitario gracias a la colaboración que está prestando para esclarecer determinadas piezas del 'caso Gürtel' y de la presunta 'caja b' del PP.

Así lo determina el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, el mismo que le condenó, que considera que Costa ha colaborado "de una manera excepcional" con la Justicia y que estas medidas de gracia contribuirán a "fomentar la colaboración para atajar la lacra de la denominada corrupción política o de los políticos".

En el juicio en la Audiencia Nacional, Costa hizo una declaración sorprendente, confesando que el PP valenciano que él dirigía junto con Francisco Camps se había financiado con dinero negro y que él lo supo desde el principio y no hizo nada para evitarlo.

Fue condenado hace justo un año a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad documental por la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008.

El magistrado ya tuvo en cuenta el atenuante de confesión para imponerle esa pena, si bien ahora, ante la petición de la defensa, ha optado por librarle de la cárcel.

Procesamiento de Camps

El juez Vázquez Honrubia está de acuerdo con la defensa, y así ha corroborado Anticorrupción, que después del juicio Costa "ha seguido colaborando con la Fiscalía y órganos judiciales cuando menos en tres procedimientos de análoga significación delictiva seguidos en Valencia", esto es, los casos relacionados con la construcción del circuito urbano de Fórmula I y el 'caso Imelsa' de corrupción en la Diputación de Valencia.

También destaca la defensa que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como 'caja b' o 'papeles de Bárcenas' sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP y que su colaboración permitió "reordenar y ampliar la investigación", ya que el mismo De la Mata reabrió la pieza 5 del 'caso Gürtel' por la que ya ha sido procesado Francisco Camps.

"Estas alegaciones defensivas son corroboradas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en su informe señala que el fiscal ha comprobado la conducta actual de colaboración con la Justicia, pues se ha constatado que Ricardo Costa ha protagonizado unos méritos que procede tomar en consideración", explica el auto del magistrado.

"Por tanto, sí puede considerarse que esta relevante y continuada colaboración efectiva con la Justicia puede y debe enmarcarse en el principio esencial de reparación del daño, pues toda esta colaboración supone una disminución del resultado antijurídico del delito, es una forma de reparación del daño en cuanto procura una restitución del orden jurídico perturbado, restaurando la confianza en dicho orden", remarca.

Eso sí, tras argumentar que los delitos que cometió pudieron provocar "alarma social" y afectaron a "intereses generales constitucionalmente protegidos", el juez está de acuerdo con Fiscalía en que la suspensión de la condena de prisión se vea condicionada al pago de una nueva multa, además de la de 75.000 euros que ya le impuso en sentencia, y trabajos comunitarios para evitar que se pueda "trasladar al condenado una indeseable sensación de impunidad".

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