Vivienda social

Sólo 34 desahuciados se presentaron para 1.532 pisos

El dato sorprende incluso a los responsables del Instituto de Vivienda

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, entregó ayer 28 viviendas sociales para familias en riesgo de exclusión social
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, entregó ayer 28 viviendas sociales para familias en riesgo de exclusión sociallarazon

La realidad ofrece a veces curiosas paradojas. A pesar del drama diario que se está produciendo con los desahucios, sorprende el poco número de personas que han solicitado viviendas sociales en la Comunitat.

La realidad ofrece a veces curiosas paradojas. A pesar del drama diario que se está produciendo con los desahucios, sorprende el poco número de personas que han solicitado viviendas sociales en la Comunitat. Del total de pisos que la Generalitat ha entregado desde que puso en marcha en julio de 2011 el programa extraordinario de alquiler social, solamente el 2,2 por ciento han ido destinadas a personas que habían sufrido una ejecución presupuestaria.

El porcentaje llama la atención incluso dentro del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), tal y como señaló la propia gerente de la empresa pública, Inmaculada García. De las 102 viviendas del parque público entregadas por la Generalitat, 30 fueron para personas víctimas de ejecuciones presupuestarias, mientras que de las 1.430 de la Red Alquila, en las que el Ivvsa actúa como intermediario, solamente cuatro fueron para este colectivo.

No obstante, el Consell cuenta en la actualidad con 265 solicitudes de una vivienda social debido a una ejecución hipotecaria, tal y como señaló la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

Bonig y García realizaron estas manifestaciones tras el acto de entrega de 28 viviendas sociales para otras tantas familias en riesgo de exclusión social de Valencia y su área metropolitana, de las que 16 están afectadas por una ejecución presupuestaria.

El acto estuvo presidido por el jefe del Consell, Alberto Fabra, quien explicó que la Administración autonómica no tiene competencias para cambiar la legislación hipotecaria, pero sí para adoptar medidas que resuelvan problemas puntuales y generen confianza en el sistema, «porque los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos».

«Habrá políticos que no entiendan esto. Fuera esos políticos», dijo Fabra, quien anunció que este mes se entregarán 78 viviendas sociales.

En cuanto a los precios de los pisos, en el caso del parque público, se paga un alquiler máximo de 150 euros, aunque más del 80 por ciento abonan menos de cien euros y hay quienes tienen bonificaciones de hasta el 90 por ciento, por lo que pagan 15 o 20 euros. El alquiler en la red Alquila es de 300 euros de media y en Bankia de unos 150 euros. Se está negociando alquiler social con otras entidades financieras.