«Stop desahucios» denuncia trabas para acceder al alquiler social

La abogada de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, María José Guiralt, criticó ayer los duros requisitos para acceder al programa de alquiler social del Consell.

La abogada de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, María José Guiralt, criticó ayer los duros requisitos para acceder al programa de alquiler social del Consell. Contestó de esta manera a la afirmación del director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, quien se mostró sorprendido de que tan solo 263 familias desahuciadas se hayan inscrito en el registro del Ejecutivo valenciano para acceder a una vivienda pública. En este sentido, explicó que para poder arrendar una de las 26.000 viviendas del parque público es necesario que estas personas acrediten además de la ejecución hipotecaria, que tienen unos niveles muy bajos de renta y que no poseen otra vivienda.

La representante de la plataforma puso en duda estos datos, «teniendo en cuenta que se ejecutan 500 desahucios diarios», y aseguró que no es que estas personas no quieran inscribirse, si no que no pueden por las trabas existentes. En esta línea, abogó por aprobar una moratoria de todos los desalojos y la dación en pago con carácter retroactivo. Sin embargo, en su opinión, esta medida no es la solución si no se complementa con políticas de alquiler social.

Al respecto, Dómine subrayó que una de las pocas inversiones del Gobierno valenciano en 2013 será para este programa. Destinará cinco millones de euros para liberar y rehabilitar inmuebles públicos. Y es que, según dijo, la inspección llevada a cabo por la Conselleria de Infraestructuras detectó que muchos de ellos estaban ocupados por el método de la «patada en la puerta» y no por la vía legal. Recordó además que la Generalitat dispone de otro plan especializado en la atención.

Por otra parte, respecto a los impagos de las ayudas de vivienda, afirmó que espera poder dar buenas noticias las próximas semanas.

Se pronunció así en unas jornadas organizadas por el Colegio Notarial de Valencia sobre propuestas de solución para los desahucios en las que también participó la defensora del pueblo, Soledad Becerril, quien instó al Gobierno central a redefinir el concepto de deudor de buena fe y a «forzar» a las entidades bancarias intervenidas a llegar a acuerdos extrajudiciales con los afectados.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, fue más allá y apostó por la creación de una ley de «segunda oportunidad», que permita a estas personas rehacer sus vidas.