Una interventora del Estado investiga los fondos de la UE que llegaron a Imelsa

Revisará las contrataciones de los denominados asesores «zombies», las partidas presupuestarias asignadas y los fondos europeos que se destinaron a Imelsa para realizar cursos de formación.

Una interventora de la Administración General del Estado (IGAE) ha sido designada como perito para revisar con lupa las cuentas de Imelsa. La funcionaria, que pronto tomará posesión de su cargo de perito y accederá a toda la documentación que obra en la causa, así como la que estime pertinente reclamar, deberá investigar si la empresa Imelsa tenía capacidad para contratar asesores y en virtud de qué partida o partidas presupuestarias lo hacía. También deberá valorar si el número de asesores contratados se corresponde con el objeto social de Imelsa.

La técnico de IGAE estudiará también el destino de fondos europeos que fueron destinados a Imelsa para la realización de cursos de formación y que pudieron ser gestionados por las distintas centrales sindicales. También se rastreará si todo el dinero destinado a formación se gastó en estos cursos.

Por supuesto, deberá informar sobre el tipo de trabajo que desarrollaban los asesores y sobre si se les conocía en los departamentos a los que estaban asignados o si no aparecieron nunca por el puesto de trabajo que tenían encomendado.

Estudiará también si es posible la contratación discrecional sin pasar por la mesa de contratación y con todo ello tratará de redactar un detallado informe de los denominados asesores «zombies», que no estaban pero cobraban.

La irregularidad no se quedará solamente en el hecho de que estando contratados por Imelsa pudieran estar trabajando en sedes de partidos políticos o en otros cometidos, sino en la propia naturaleza de la contratación que también podría ser irregular.

Por eso, el hecho de acudir diariamente a su puesto de trabajo, como han alegado los asesores vinculados a EU, PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia, no les eximiría de responsabilidad pues la mera contratación puede haber sido absolutamente irregular, independientemente de la tarea desempeñada una vez contratados. De ahí que la Guardia Civil citara como investigados a los diputados Emili Altur y Rosa Pérez (denunciante de la causa) y a los asesores socialistas José Manuel Orengo y Raúl Pardos.

El juez que instruye la causa Taula citará mañana a declarar a más asesores contratados por la Diputación de Valencia y continuará con las pesquisas.

La proximidad de las elecciones generales tendrá como consecuencia que los tribunales cumplan la ley no escrita de no interferir con acciones importantes en la campaña electoral durante las semanas previas a la misma. Por ello, es muy improbable que en próximas fechas el juzgado ordenara el levantamiento de algún secreto de los que todavía afectan a varias piezas.

Por lo que respecta a las exposiciones razonadas que su señoría elevó al Supremo y al Tribunal Superior, sobre los aforados Rita Barberá y Miquel Domínguez, respectivamente, se da por seguro que tampoco tendrá respuesta antes de la celebración de las próximas elecciones.