14.000 personas, a la espera de una vivienda pública de Carmena

4.000 demandan «atención prioritaria». El Ayuntamiento sólo dispone de 300 pisos libres, que prevé adjudicar en enero.

Desde la llegada de Manuela Carmena al Gobierno de la capital, las políticas ligadas a la vivienda pública se convirtieron en una prioridad. Las expectativas generadas en este terreno fueron tan altas que la falta de resultados concretos en estos dos primeros años de legislatura han disparado las críticas de los grupos de la oposición e incluso de algunos de los colectivos antidesahucios y de defensa de la vivienda social.

Pese a la complejidad que encierra el problema, éste se resume fácilmente: hay muchos solicitantes de vivienda social en la ciudad y muy pocos pisos disponibles. La primera teniente de alcalde del Gobierno de Ahora Madrid y máxima responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, reconoce a LA RAZÓN que el Ayuntamiento dispone de «un parque de vivienda social muy escaso». Apenas 6.300 viviendas, cuando sus estimaciones apuntan a que debería rondar la cifra de las 35.000. «Tenemos las que tenemos. Ahora mismo hay libres 300 en la Empresa Municipal de la Vivienda, todas las demás ya las hemos adjudicado. Estas 300 se van a adjudicar en enero». Esos tres centenares de viviendas sociales no sirven, sin embargo, para afrontar las actuales demandas de los vecinos en situación de vulnerabilidad. La número dos del Ejecutivo municipal señala que, a día de hoy, hay en Madrid 14.000 solicitantes de vivienda para esos 300 pisos. De ese total, 7.000 solicitudes son de personas o de familias en en emergencia, y de esas hasta 4.000 corresponden a situaciones de atención prioritaria. El contraste entre las necesidades de los madrileños y la capacidad de respuesta del Gobierno de Carmena parece, por tanto, evidente. Para paliar en lo posible ese desfase, el Ayuntamiento se comprometió a poner en marcha promociones de vivienda social que supusieran a lo largo de la legislatura el incremento del parque público en 4.200 pisos nuevos.

1.100 pisos licitados

Tal y como reveló este diario el pasado mes de junio, el Ejecutivo de Ahora Madrid acumulaba entonces un notable retraso en este compromiso al atravesar el ecuador de la legislatura. Apenas se habían iniciado las obras en 91 de las 4.200 viviendas prometidas, o lo que es lo mismo, un 2% del total. El Gobierno municipal ha logrado revertir esta tendencia y actualmente ya se encuentran en licitación varias promociones que supondrán la construcción de 1.100 viviendas, cuyas obras arrancarán en breve. En este sentido, Higueras mantiene el compromiso inicial de Ahora Madrid: «Realmente, creo que vamos a construir las 4.200 viviendas. El compromiso alcanzado con el PSOE de tener mil viviendas más este año también se va a cumplir. Se desbloquearon hace mes y medio y los proyectos ya están en marcha».

Otra de las iniciativas con las que el equipo de Carmena ha tratado de aumentar el parque público de viviendas fue la firma de un convenio en enero de 2016 con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se incluyeron aquí 300 pisos: 150 vacíos y 150 ocupados. Éstos últimos, los ocupados, ya están siendo gestionados por el Ayuntamiento: «Nos han dado todos porque nosotros lo que estamos haciendo es darle una cantidad concreta a la Sareb para que esos pisos se mantengan así, es decir, que no desalojen a las familias». De hecho, el parque de viviendas ocupadas procedentes de la Sareb se ha incrementado hasta las 197: «La Sareb tenía más pisos ocupados y los hemos metido con cargo al convenio. Porque si no, iban a desalojar a más de 40 familias. Y esto verdaderamente es un logro importante porque son casi 200 familias que tienen a los niños escolarizados y con unos médicos, que no están en la calle y no sufren todo el trastorno de un lanzamiento». Pese a las críticas suscitadas por esta regularización de la ocupación, Higueras sostiene que se trata de un éxito rotundo: «Hay quien dice que es un fracaso de convenio pero yo creo que lo tenemos que valorar muy positivamente porque tenemos a 197 familias que están manteniendo sus viviendas». Además, señala la responsable de la EMVS que el objetivo a medio plazo es que estas familias hagan frente al pago de un alquiler social por permanecer en estos pisos: Hay una cosa bastante importante: la alcaldesa dijo que queremos hacer una ciudad de inquilinos no de okupas y en ese sentido estamos trabajando para que estas personas que están ocupando hoy se les pueda hacer un contrato de alquiler social».

Dentro del convenio con la Sareb, los objetivos están siendo desiguales en la otra vertiente, la que tiene que ver con los pisos vacíos, muchos de ellos vandalizados: «El arreglo en esos pisos para que alguien pueda vivir en ellos supera la cantidad que habíamos establecido –de entre 5.000 y 7.500 euros a abonar cada una de las partes–. Nos han ofrecido muchos y los hemos visitado. Los arreglos superaban esa cantidad y se los hemos devuelto», reconoce Higueras a este diario. En total, la EMVS actualmente sólo cuenta con treinta del total de 150 pisos vacíos inicialmente previstos en el convenio firmado en el año 2016.

En donde hay pocas dudas en torno a que no se han cumplido las previsiones fijadas por Carmena es en la iniciativa que el Ayuntamiento lanzó para adquirir viviendas del mercado privado. «¿Cuántos años llevas con el cartel de Se vende en tu vivienda vacía? ¡La EMVS te la compra!», rezaba la campaña puesta en marcha por el Gobierno de Ahora Madrid, que se marcó un objetivo de lograr a través de esta vía 150 casas. La realidad es bien distinta a día de hoy: sólo se han comprado 29. «Hemos hecho dos procesos de compra de vivienda. En el primero, nos ofrecieron 15 viviendas y al final compramos dos. En el último proceso, nos han ofrecido 97 y hemos comprado 27. El resto de lo que nos ofrecían son, por ejemplo, sótanos sin ventana y cosas que no se pueden comprar después de que los técnicos de la empresa las revisen», señala Higueras.

La última propuesta lanzada por Carmena en este terreno, la de dar pisos municipales a los internos del CIE de Aluche como alternativa para su desmantelamiento tiene, según Higueras, fácil encaje en el modelo municipal ya que pasaría por ofrecer soluciones habitacionales y no un piso a casa interno: «Hay que buscar soluciones extraordinarias, fuera de la norma y ofrecer soluciones habitacionales, que pueden ser casas que la gente no las quiere porque son demasiado grandes o están retiradas y ahí, por ejemplo, podemos tener a más de una persona», sostiene la responsable de la EMVS.