256 millones de ahorro sólo de mantenimiento

Desde el próximo mes de agosto, el pago que realiza el Ayuntamiento de Madrid a las empresas encargadas de la limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes de la capital estará vinculado al cumplimiento de unos objetivos concretos; es decir, a los resultados alcanzados. En caso de no cumplir los objetivos de calidad marcados, el Ejecutivo dirigido por Ana Botella podrá aprobar una detracción de hasta el 20 por ciento de la certificación mensual. Así lo explicaron ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal, la alcaldesa junto al portavoz del Gobierno local y delegado de Seguridad, Enrique Núñez y el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Gómez-Angulo. Se trata de un contrato integral que unificará en uno solo lo que hasta el momento se ha venido haciendo a través de 39 contratos. Con esta reforma se ahorrarán 32 millones de euros al año (un 10 por ciento del presupuesto actual) o su equivalente en ocho años, 246 millones, ya que el acuerdo arranca con esa duración más dos años prorrogables. La cuantía del «supercontrato» unificado, en definitiva, asciende a 2.317 euros. La clave del proyecto reside en el ahorro intrínseco que conlleva integrar prestaciones complementarias debido a las sinergias y las economías de escala. Y es que desde agosto, una misma empresa ( o una UTE) se podrá encargar del mantenimiento de zonas verdes, arbolado viario, áreas infantiles, mobiliario urbano y sistemas de riego en general de varios distritos. El nuevo contrato integral divide Madrid en seis zonas o lotes que aglutinan hasta siete distritos: el primero, Tetuán, Chamberí, Arguelles y Centro; Chamartín, Salamanca, Retiro y Arganzuela, el segundo; Fuencarral, Moncloa y Latina, el tercero; Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal, el cuarto; Moratalaz, Vicálvaro y Vallecas (Puente y Villa), el quinto y Carabanchel, Usera y Villaverde, el sexto.

Botella quiso destacar que, a pesar del ahorro, la calidad de los servicios prestados no se verá mermada puesto que precisamente se paga en función de los resultados. En este sentido los criterios de adjudicación son objetivos, puntuando 80 puntos sobre 100 la oferta más económica. Según explicó Gómez-Ángulo, además de las inpecciones periódicas, se han establecido 68 indicadores para determinar la detracción con cargo al precio final que deberá abonar el Ayuntamiento, en caso de no cumplir la concesionaria los objetivos fijados. «Se garantiza una mayor apertura y concurrencia» de empresas y se «aumentan las garantías de solvencia económica y técnica», subrayó la alcaldesa. Prueba de ello es que el concurso se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Con respecto a la repercusión en el empleo, el delegado de Medio Ambiente aclaró que los adjudicatarios podrán subrogar a los actuales trabajadores, en la medida que sus convenios lo permitan. El contrato integral «no tiene por qué derivar en la pérdida de puestos de trabajo». «La bajada de costes no es proporcional a la de personal», dijo Angulo.