Madrid
443 desahuciados por Ahora Madrid y PSOE
Las familias de la cooperativa que compró el terreno de las cocheras de Cuatro Caminos denuncian que el rechazo de Carmena y de los ediles socialistas a su plan de urbanización les deja al borde de la ruina
Las familias de la cooperativa que compró el terreno de las cocheras de Cuatro Caminos denuncian que el rechazo de Carmena y de los ediles socialistas a su plan de urbanización les deja al borde de la ruina
«Nos vemos todos metidos en una guerra política que no es nuestra». Éstas son las primeras palabras que dice Sergio Edo, tranquilo pero contundente, con una serenidad chocante. Porque Sergio, junto con su mujer y sus dos pequeñas, forma una de las 443 familias cuyos sueños alguien parece esforzarse en truncar: el Ayuntamiento de Madrid ha desestimado de forma unilateral el plan para soterrar las cocheras de Cuatro Caminos, invalidando así el proyecto de urbanización de la cooperativa Residencial Metropolitan. Estos vecinos contaban con una autorización municipal para la construcción de viviendas ya en 2014 pero, tras unas elecciones y un cambio de gobierno, y después de haber invertido una media de 100.000 euros cada núcleo familiar, la situación no es otra que de bloqueo absoluto. «Sin ahorros y sin casa», ésta es la realidad por la que están pasando Sergio, su familia y las 442 que restan, y por eso se concentraron ayer frente a las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos, «para que vean que no somos tres o cuatro», afirma la mujer de Sergio, algo más indignada.
Es curioso, pero, pese a que ayer los cooperativistas afectados por este cambio de criterio del consistorio se reunieron en son de protesta, la concentración fue tan moderada, que nadie hubiera creído que el motivo por el que esas personas estaban allí era el que fue: denunciar una decisión que se suma a otras pasadas en un pisoteo constante a su proyecto de vida. No hablaban de otra cosa, pero todos lo hacían con una templanza que asombraba y desconsolaba a partes iguales, porque nadie debería llegar a ese estado de ánimo de indolencia y frustración cuando han jugado con su futuro. No gritan, no tienen eslóganes, no cantan al unísono; pero entonces les pedimos una foto y en cuestión de segundos todos se convierten en uno y salen a relucir las pancartas, algunas escritas en mil colores por los niños. Y aunque Sergio debe de tener razón cuando dice «tendremos que aprender a movilizarnos», las ganas de hacerse oír están ahí.
Entre las 443 familias perjudicadas, sobresale un perfil: la pareja joven con hijos pequeños que han visto cómo se desvanece la posibilidad de adquirir su primera vivienda propia. Es el caso de la familia Leira Sánchez, que insiste en que todas las negativas que están recibiendo son el resultado de una lucha de titanes entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid: «nosotros y nuestro dinero somos sus rehenes», afirma José.
El martes de la semana pasada, la alcaldesa, Manuela Carmena, convocó a los representantes de estas familias para trasladarles en persona que el Ayuntamiento no daría vía libre a su proyecto de urbanización. Para argumentar este rechazo, el equipo de Ahora Madrid defiende que la solución de la cooperativa a la eliminación en superficie de las cocheras no se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana. Fuentes de la cooperativa reconocen a este diario su indignación ante el hecho de que el mismo consistorio que a lo largo del último año no ha puesto objeciones relevantes a la actuación propuesta para las cocheras –los técnicos de Urbanismo sí pidieron en octubre de 2015 un cambio que ya fue incorporada por los promotores– utilice este elemento para conducir al Metropolitan a un callejón sin salida.
El rechazo del Gobierno de Carmena al proyecto de estas 443 familias llega, además, en el peor momento. El próximo 17 de junio, la cooperativa debe abonar a Metro otro de los plazos por la compra de los terrenos: 6 millones de euros que se sumarán a los 45 pagados hasta la fecha, del total de 88 millones comprometidos en la subasta. Esta cuenta atrás de 26 días amenaza con llevar a la ruina a los integrantes del Residencial Metropolitan, ya que si no hace efectivo el pago de esos seis millones, el contrato contempla que Metro daría por rescindido el acuerdo y las familias perderían el dinero ya aportado. Para muchos de los cooperativistas no es ninguna casualidad que el consistorio haya hecho coincidir su negativa a dar luz verde al plan de urbanización con la fecha de este nuevo pago. «Están intentando que parezca que es Metro el que hace descarrilar el proyecto. Es un procedimiento maquiavélico», apuntan.
En la concentración de ayer, uno de los folios que los vecinos levantaron ante la presencia de los medios, rezaba: «rojo y azul, morado y naranja, todos son casta». Y en efecto, cuando se trata de la vida de uno mismo, poco importa el color político. Lo que importa es la gente, y nada más.
Hablan los afectados
Familia Leira: «¿Cómo un Gobierno de izquierdas nos hace esto?»
«Entiendo que no preocupe a la ciudadanía, pero a nosotros esta situación nos quita el sueño», dice Alicia Sánchez, una mujer en cuya mirada se percibe la ansiedad de quien se siente atrapado. En cambio, José Leira sonríe en un gesto nervioso propio de la impotencia. Ambos aseguran que lo que más les cuesta entender es que un Gobierno de izquierdas, que debería velar por la gente de a pie, deje a cientos de familias sin hogar: «si no somos una gran multinacional» , repiten decepcionados. Han pagado 90.000 euros y se unieron a esta cooperativa antes de que naciera Vega. Tenían planes de ampliar su familia, pero los tendrán que posponer.
Familia Edo: «Ahora nos encontramos sin ahorros y sin casa»
Hay familias que se ven desgastadas, y luego está la de Juan. Este cooperativista está convencido de que la concentración de ayer fue el principio de muchos más movimientos de los que, como ellos, lo han perdido todo en esta «guerra política» entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Reconoce que las familia afectadas necesitan aprender a movilizarse de verdad, porque no hay otra salida ante tantas zancadillas. «¿Para qué hemos estado negociando un año si ahora resulta que el proyecto era inviable desde el principio?». Después de invertir 100.000 euros, Juan es tajante ante la decisión del Ayuntamiento: «No tiene sentido».
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