45 familias «desahuciadas» por Carmena

El 10% de los cooperativistas del «Metropolitan» de Chamberí se quedarán sin casa. El consistorio exige esas viviendas tras negarse a negociar.

Cerca de 450 familias viven desde hace meses sin saber qué pasará con su sueño de tener una vivienda en pleno corazón de Chamberí. Se embarcaron en la cooperativa Metropolitan con la ilusión de formar parte de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de las últimas décadas en la capital, pero el cambio de Gobierno en Cibeles tras las elecciones municipales amenaza su viabilidad. Las negociaciones con el Gobierno de Carmena se estancaron en diciembre y como consecuencia de ello el 10% de estas familias se quedará fuera del proyecto y sin casa la próxima semana.

El proyecto nació en 2014. Metro de Madrid subastó entonces la parcela de sus antiguas cocheras en Cuatro Caminos. El Grupo Ibosa ganó la puja con una oferta de 88 millones de euros. La legislación establece que los nuevos desarrollos urbanísticos deben ceder un 10% del aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento. En el caso de Chamberí, la cooperativa y la gestora acordaron con el anterior Gobierno, presidido por Ana Botella, que ese 10% se monetizaría, es decir, que se concretaría en una compensación económica, tal y como contempla la normativa. Cuando se produjo el relevo en la alcaldía, esas conversaciones estaban muy avanzadas: la monetización de ese 10% supondría un ingreso para las arcas de la ciudad de más de 10 millones de euros. El preacuerdo con Botella llevó a comercializar las 443 viviendas, pero las elecciones y el pacto de Ahora Madrid y el PSOE cambiaron de improviso este escenario.

Nada más llegar al poder, el equipo de Ahora Madrid rechazó de plano la opción de monetizar el 10% del aprovechamiento lucrativo de la parcela. Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible trasladaron a la gestora y al consejo rector de la cooperativa su posición: el Ayuntamiento sólo contemplaba la cesión del 10% de las viviendas a construir. La exigencia del Ejecutivo de Manuela Carmena dejaba entonces a la cooperativa en una situación más que complicada. Al haber comercializado la totalidad de los pisos la inflexibilidad de Ahora Madrid obligaba a dejar fuera a entre 43 y 45 familias que ya tenían asignada una vivienda y ya habían realizado varios pagos. En ese escenario, los cooperativistas contraatacaron y plantearon tres posibles salidas: la compensación económica al consistorio, la cesión de ese 10% en equipamientos para el distrito dentro de la parcela o la cesión de ese mismo número de viviendas en otro punto de la ciudad. La respuesta del Ayuntamiento ha sido la misma a todas estas opciones, un «no» rotundo a pesar de que, según señalan fuentes cercanas a la cooperativa, se trata de «alternativas perfectamente legales y habituales». En los últimos meses, tanto los propietarios como la gestora han agotado las vías de negociación con el área de Urbanismo y con la Junta de Distrito de Chamberí. Un proceso que tuvo su último capítulo el pasado 15 de diciembre en el despacho de Carmena. En este encuentro, la alcaldesa estuvo acompañada por el director general de Planeamiento del consistorio. Los impulsores del residencial Metropolitan expusieron con detalle el proyecto de reforma de este área de casi 40.000 metros cuadrados. Trataron sin éxito de persuadir a Carmena de que adoptase las soluciones alternativas a la cesión de suelo en el propio ámbito. También le trasladaron los beneficios que tendrá para Chamberí y para la ciudad en su conjunto el que consideran que es el «primer gran proyecto de regeneración urbana» que lleva a cabo una cooperativa en la ciudad. Entre estos beneficios sociales para el distrito destaca la existencia de 62 viviendas protegidas de precio básico (VPPB) entre el total de 443 casas que se construirán. El 10% de estos cooperativistas con acceso a vivienda protegida también se quedarán sin casa. Además de las viviendas protegidas ya incluídas por los promotores, el «Metropolitan» contempla mejoras para los vecinos como el soterramiento de las actuales cocheras y de la subestación eléctrica instalada junto al área de educación infantil del colegio El Porvenir. También se construirá un nuevo parque público de 17.000 metros cuadrados sobre las cocheras soterradas, lo que representa el doble de las obligaciones fijadas en la Ley del Suelo del año 2001.

La urbanización del conjunto de la parcela supondrá además el nacimiento de tres nuevos viales y calles que comuniquen la calle de Bravo Murillo con las de Pablo Iglesias y Reina Victoria. El Ayuntamiento también recibirá, cuando finalicen las obras, una parcela para usos terciarios de casi 7.000 metros cuadrados edificables, en la que el Gobierno de Carmena podrá abrir equipamientos públicos como un centro cultural, una biblioteca o un centro de mayores. Ninguna de estas razones, sin embargo, fueron suficientes para seducir a la alcaldesa para que, al menos, tuviera en cuenta alguna de las opciones alternativas puestas encima de la mesa por el consejo rector de la cooperativa para evitar dejar sin vivienda a esas más de cuarenta familias.

Este conflicto se añade al retraso de más de un año que ya acumula el proyecto. En este contexto, la cooperativa celebrará una asamblea el próximo día 21 de enero en la que se decidirá qué terrenos de la parcela se entregan al Ayuntamiento para que el equipo de Carmena edifique las más de 40 viviendas que perderán sus actuales propietarios. También se resolverá en este encuentro la cuestión más espinosa: cuáles de los cooperativistas son finalmente los que se quedan fuera de la iniciativa. Se calcula que serán entre 43 y 45 familias las que tras haber abonado algunos pagos no podrán disfrutar de sus casas.