Arturo Fernández dimite de la Cámara de Comercio

El próximo jueves renunciará ante el Comité Ejecutivo. Será sustituido por el vicepresidente segundo Juan López-Belmonte.

Arturo Fernández dejará el próximo jueves la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid junto con su vicepresidente primero, Miguel Corsini, ambos imputados por el caso de las «tarjetas black» de Bankia. En su lugar, será presidente el vicepresidente segundo, Juan López-Belmonte, ya que no se pueden convocar elecciones para la renovación del órgano cameral hasta que no haya un nuevo ministro de Economía, que es quien debe autorizar la renovación de las directivas de las cámaras de comercio regionales.

Según publicó recientemente «El Confidencial», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le habría exigido durante un encuentro en Fitur que dejase cuanto antes la presidencia de la Cámara de Comercio, a lo que Fernández se resistió. «La Comunidad puede pedirme lo que quiera, pero a mí me nombraron los empresarios y son los empresarios los que me pueden quitar. La Comunidad es el órgano tutelante pero no quita y pone presidentes», aseguró al citado medio el empresario.

Sin embargo, desde el Gobierno regional han debido recordar al empresario que está obligado por Ley a dejar su cargo desde diciembre, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el auto de apertura de juicio oral una vez concluida la instrucción por el uso fraudulento de las «tarjetas black» de Bankia, en el que confirmaba la imputación tanto de Fernández como de Corsini. Según la ley regional que regula las cámaras de comercio «tanto el presidente como los cargos del Comité Ejecutivo cesarán en el caso de delitos relacionados con la corrupción cuando en la causa judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquéllos y ésta haya alcanzado firmeza».

Arturo Fernández está acusado de haber dispuesto de 37.323 euros a través de las tarjetas de crédito facilitadas por Bankia a los miembros de su consejo de administración como parte de su remuneración lo que para el juez Andreu podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida, además de administración desleal en el caso de los presidentes de la entidad –Rodrigo Rato y Miguel Blesa–, que autorizaron las tarjetas. En el caso de Miguel Corsini, que fue miembro de la comisión de control de Bankia, la Audiencia Nacional considera que se habría apropiado indebidamente de 46.700 euros. Ambos devolvieron el dinero después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria emitiese a primeros de julio de 2014 un informe solicitando que todo el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia se enviara a la Fiscalía Anticorrupción.

Enmienda de UPyD

A finales de 2014, debido a la presión entre los empresarios madrileños que criticaban el uso fraudulento que había hecho de las tarjetas «black», Fernández tuvo que dejar también el cargo de presidente de la Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM), unos meses antes de que se renovara la dirección en las elecciones previstas para marzo del siguiente año. Fue entonces cuando, a instancias de una enmienda de UPyD en la Asamblea de Madrid, se introdujo el artículo en la Ley 2/2014, de 16 de diciembre, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, mediante el cual los miembros del Comité Ejecutivo tendrían que dejar su puesto si fuesen imputados por delitos de corrupción.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, también introdujo en esta normativa que otro de los motivos de cese sería «cuando desaparezca cualquiera de los requisitos legales de elegibilidad que concurrieron a su elección» y que, en el caso de Fernández, le afectaba la cuestión de estar corriente con Hacienda, puesto que había sido embargado por tener deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Sin embargo, no se le aplicó el cese por este motivo, porque la Ley no tiene carácter retroactivo.