Botella da un ultimátum de 48 horas a los huelguistas

«Madrid no puede esperar ni un minuto más». En el noveno día de huelga de limpieza viaria en la capital, su alcaldesa, Ana Botella, dio ayer un ultimátum a las empresas responsables de este servicio y a sus trabajadores. O llegan a un acuerdo en 48 horas o el Ayuntamiento denunciará ante la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos y las consecuencias que esta situación tenga para los ciudadanos. Si, expirado ese plazo, la huelga –convocada por la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo para más de 1.100 de los 6.000 trabajadores del sector– continúa, Botella, además, solicitará a la empresa pública Tragsa que se haga cargo de las labores básicas de mantenimiento que ahora no se están cumpliendo, ni siquiera con la presencia de agentes municipales como escolta. Tragsa realizará este trabajo «tanto tiempo como dure el conflicto» y el coste de todo ello será asumido por las adjudicatarias. En resumen, aclaró la alcaldesa, nada de esto «supondrá ni un euro de coste para los madrileños, quienes no tienen que estar sometidos al chantaje de una huelga que les toma como rehenes».

El Ayuntamiento de Madrid sale de esta forma al paso de quienes, incluso desde el propio Partido Popular, habían pedido al equipo de Gobierno municipal más contundencia en los últimos días. Aunque arropada en la sala por el portavoz municipal y el delegado de Medio Ambiente, Botella compareció sola ante la Prensa, en un gesto que dejaba claro que es ella la que está al frente de esta crisis. El aviso de la alcaldesa llegó apenas unas horas después de que el consistorio se pusiera en contacto con las empresas adjudicatarias para que pusieran los medios para que se respetaran de forma efectiva los servicios mínimos y tras comprobar, a lo largo del día de ayer, que ello no se había producido, aunque no precisó en qué porcentaje no se habían cumplido. Con gesto serio, Botella reprobó la «huelga salvaje» y los actos vandálicos que vienen sufriendo desde hace nueve días los madrileños, de los que quiso destacar que «han estado a la altura». Subrayó asimismo la responsabilidad de las propias empresas, entre cuyas tareas está también la de velar por que se cumplan los servicios mínimos pactados. Con la misma contundencia, Ana Botella descartó que, de momento, exista ningún riesgo sanitario para los ciudadanos de Madrid, que vaya a rescindir el contrato con las empresas o a cambiar las condiciones de los pliegos, o que tenga pensado solicitar a Defensa la intervención del Ejército.

Respecto al posible daño que la huelga de limpieza pueda estar provocando en la imagen internacional de Madrid, tras los últimos artículos aparecidos en prensa extranjera, Botella aseguró que la consecuencia de la acción sindical es «lamentable», aunque también relativizó la trascendencia real de estas informaciones al recordar que hace un par de años Nueva York sufrió una huelga de basuras, no de barrenderos, durante 21 días y «sigue estando como número uno en recepción de turistas».

Dentro del horizonte esbozado por la alcaldesa para los próximos dos días, el escenario más probable pasa por que el viernes el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, encargue a Tragsa la limpieza viaria de la ciudad. Desde el Ayuntamiento precisaron que la empresa pública sólo podrá realizar los servicios mínimos, ya que si los supera, se vería afectado el derecho a la huelga de los empleados de las adjudicatarias. En dos huelgas similares, en Granada y en Jerez, Tragsa ya se hizo cargo de la situación. Esta empresa estaría lista para empezar a trabajar en las calles de la capital 24 horas después de recibir la solicitud del Ayuntamiento, de forma que, si la negociación permanece estancada, sus trabajadores podrían comenzar las labores de limpieza a lo largo del sábado y del domingo.

El PSOE pide su dimisión

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, reclamó ayer la dimisión de Botella por convertir, a su juicio, Madrid en la capital de la basura como consecuencia de «su incapacidad» para gestionar la huelga. Asimismo, Lissavetzky calificó como «una broma» la decisión de denunciar ante la Fiscalía los incumplimientos de los servicios mínimos y el recurso a Tragsa: «Madrid ha pasado de ser la capital de los juegos a ser la capital de la basura», concluyó. Desde Izquierda Unida, Ángel Pérez calificó la decisión de Botella como una «huida hacia adelante». El portavoz de IU aseguró que la primera edil «no sabe de qué va el problema y revela el alcance de su sensibilidad social puesto que el conflicto se ha generado por el anuncio de despidos y rebaja salarial a los trabajadores». El portavoz municipal de UPyD, David Ortega, acusó al equipo de Gobierno municipal de no atajar «la raíz del problema» que ha ocasionado la huelga indefinida de limpieza viaria en la ciudad; según UPyD, los contratos del servicio que entraron en vigor en agosto. En un comunicado, Ortega se mostró en contra de la decisión de Botella de dar 48 horas a empresas y sindicatos para alcanzar un acuerdo. Ortega criticó que el consistorio haya diseñado «un contrato de limpieza ''low cost'' para la ciudad y subrayó que, mientras no se modifique ese contrato, todas las medidas serán parches».