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Botella recurrirá la «sentencia política» de una jueza amiga de Carmena

Condenan a la ex alcaldesa por la venta de pisos públicos a fondos buitre. La anterior Junta de Gobierno deberá pagar 25,8 millones de euros por el perjuicio a la EMVS

  • La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, justificó en su momento la venta de viviendas de la EMVS por la situación crítica de las cuentas de la empresa pública
    La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, justificó en su momento la venta de viviendas de la EMVS por la situación crítica de las cuentas de la empresa pública

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29 de diciembre de 2018. 09:58h

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Francisco Velasco,  F. Velasco/ R. Ruiz.  28/12/2018

La consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano ha condenado a la ex alcaldesa madrileña, Ana Botella, y a los seis concejales de su Junta de Gobierno a abonar de forma solidaria 22,7 millones de euros, así como a Fermín Oslé, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a pagar otros 3.040.000 euros por los perjuicios causados a los fondos públicos municipales por la venta ese año de 18 promociones de vivienda a unos «fondos buitres» a un precio muy por debajo de su valor real y sin seguir los procedimientos que eran exigibles. La sentencia puede ser recurrida ante el propio Tribunal de Cuentas y, en caso de ser desestimada, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que será la que tendrá la última palabra sobre si esta enajenación se ajustó o no a la legalidad.

Esta sentencia considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, fijado en 159 millones, y también por debajo del precio del mercado. La actuación de este órgano fiscalizador de las cuentas públicas se produce como consecuencia de la acción de responsabilidad patrimonial que ejerció la EMVS interpuesta el pasado año, tras analizar el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de junio de 2016 –cuando la presidencia de Madrid la ostentaba Cristina Cifuentes–. En ese informe se establecía el valor neto de los inmuebles vendidos a los «fondos buitres» era de 159,37 millones y el valor máximo posible de venta de las viviendas, calificadas como Viviendas Públicas Protegidas en 151,2 millones.

La resolución de la consejera no se ciñe sólo a constatar que ha existido un daño patrimonial a las arcas públicas sino que, además, arremete contra la política que en esa materia llevaron a cabo con actuaciones de ese calibre: «No se puede entender que sea posible llevar a cabo la política social de vivienda en arrendamiento encomendada por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS vendiendo, precisamente, el instrumento necesario para poder ejecutar dicha política, que son los inmuebles calificados como viviendas públicas protegidas». Una contradicción, añade al respecto, que se hace «especialmente patente si se tiene en cuenta que los inmuebles se vendieron a fondos de inversión por un precio significativamente inferior al que el propio arrendatario habría tenido que satisfacer si hubiera ejercido su derecho de opción de compra».

Plan de Viabilidad

Junto a ello, la jueza rechaza que los demandados esgrimiesen el Plan de Viabilidad que aprobó la junta general de la EMVS en junio de 2013, donde se establecía una precio para la venta de esos inmuebles de 112 millones de euros. Y ello, esgrime al respecto, porque cuando dicho plan se aprobó «ya estaba prácticamente concluido el proceso de venta» a una de las empresas adjudicatarias, por lo que en realidad no era más que un intento de «dar cobertura jurídica a posteriori a una operación que se había iniciado antes y que estaba ya a punto de concluir», toda vez que al día siguiente de su aprobación se comunicó la adjudicación a la sociedad en cuestión. Y, junto a ello, añade en este punto la consejera, porque en el mencionado Plan de Viabilidad no figuran los criterios técnicos tenidos en cuenta para fijar ese cifra para la enajenación, ni los «estudios fundamentados» que pudieran sostener tal criterio.

Así, concluye que la venta de esas 18 promociones de viviendas se realizó «sin estudios y estudios técnicos que se avalaran, objetiva y fehacientemente, que esta operación y la forma en que se llevó a cabo eran la solución más adecuada y beneficiosa para las arcas públicas». Y, además, dado que esos inmuebles tenían una calificación oficial que les vinculaba al fin social de facilitar el acceso a la vivienda de personas «económicamente débiles», su venta a unas sociedades, los citados «fondo buitres», que nada tienen que ver con el «estado patrimonial que da derecho al amparo social», no podía hacerse en ningún caso por un precio inferior al máximo establecido para la venta de este tipo de inmuebles «a personas necesitadas del amparo social para el que se construyeron los mismos».

De esta forma, concluye que el precio de los inmuebles vendidos debió haberse ajustado, al menos, al valor máximo de ventas a particulares de las viviendas públicas protegidas, «por lo que los vendedores no debieron haber negociado un precio inferior a 151.211,518 euros», de modo que, al haberse vendido por 128,5 millones, se causó un perjuicio a las arcas públicas de 22,7 millones, que es la cantidad por la que deberán responder de forma solidaria los demandados, ya que «incurrieron al menos en negligencia grave» al no prever ni impedir «el perjuicio en el patrimonio público» y no cumplieron «el grado de diligencia que les era exigible en su calidad de administradores públicos».

Por su parte, los implicados anunciaron ayer que recurrirán la sentencia del Tribunal de Cuentas que «no comparten». Según explicaron en un comunicado la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas» por la que se les condena. «Únicamente, y en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado», añaden, en relación a la deuda de más de 600 millones de euros que tenía la empresa pública en ese momento. Del mismo modo, el PP de Madrid se manifestó ayer del lado de la Junta de Gobierno de Botella, mientras que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, señaló que «la sentencia aún no es firme», si bien consideró que «estas ventas no deben formalizarse a fondos de esa naturaleza».

Desde el consistorio madrileño, la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras, anunció ayer que recurrirán a su vez la sentencia del Tribunal de Cuentas al entender que el perjuicio a la EMVS es de 127 millones de euros y no de 25,8. También buscarán reabrir la vía judicial para anular la venta. En este sentido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Puri Causapié, anunció a su vez que trabajarán para que sea posible anular la venta de las viviendas a Fidere. Al respecto también se pronunció la portavoz de Cs, Begoña Villacís, que señaló que «queda claro que nadie está por encima de la Ley».

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