Carmena intenta recuperar aliados con un guiño a los antidesahucios

El consistorio abre hoy la oficina prometida que negociará con los bancos la paralización de los lanzamientos hipotecarios

El Gobierno municipal de Ahora Madrid abre hoy su particular joya de la corona. La Oficina de Intermediación Hipotecaria está ya lista para recibir a las familias que se encuentren amenazadas por un desahucio. Estará ubicada en el número 15 de la calle Fray Luis de León, justo en una de las vías paralelas a la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. En este arranque, pondrá a disposición de estos vecinos en riesgo de exclusión una veintena de viviendas de la EMVS. Trabajarán en la oficina tres trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos, todos ellos funcionarios, lo que significa, según fuentes del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que no tendrá ningún coste extra para las arcas públicas. No se articula tampoco como un organismo autónomo sino que se integra en la concejalía que dirije Marta Higueras, la mano derecha de Carmena, y, en concreto, dentro de la Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia. Además de los seis funcionarios, trabajarán dentro de la oficina, y en función del volumen de trabajo, dos empleados de una empresa externa, la Fundación Signum. Estos dos trabajadores externos son notarios, lo que supone uno de los puntos de fricción entre el Gobierno de Carmena y las plataformas antidesahucios. Precisamente tras su última reunión con Higueras, las PAH de Madrid –a excepción de la del distrito Centro– redactaron un comunicado en el que rechazaban la integración de notarios en el servicio de mediación por constituir un colectivo que ha «venido posicionándose en beneficio de los bancos y en claro perjuicio de los beneficios de los particulares hipotecados y porque ésta responderá a perfiles técnicos antes que sociales». Desde hoy, por tanto, aquellos vecinos de la ciudad afectados por un lanzamiento hipotecario podrán solicitar en esta oficina la mediación con la entidad bancaria. La labor de los trabajadores sociales y mediadores estará orientada a que de forma efectiva los recursos de la oficina tengan como destinatarias a personas y familias en riesgo de exclusión. De ahí la importancia que tendrán los estudios de vulnerabilidad que se realizarán sobre cada uno de los casos para evitar la picaresca. Esta oficina buscará en una primera etapa paralizar el desahucio, como de hecho ya se hecho en los que afectan a la EMVS hasta que el equipo municipal termine de revisar los contratos que posibilitaron la compra de 1.860 viviendas por parte de un «fondo buitre». En las próximas semanas, el Ayuntamiento firmará convenios con las entidades bancarias para articular los mecanismos de mediación. De hecho, todas los bancos con los que el Gobierno local ha mantenido estas conversaciones ya han designado un interlocutor directo con la oficina municipal. Fuentes de la concejalía de Higueras sostienen que la mayoría de las entidades están de acuerdo en paralizar los desahucios durante un mes una vez se haya iniciado el proceso de mediación. BBVA, Santander, Bankia, Banco Popular, La Caixa y el Sabadell podrían ser los primeros en suscribir estos convenios. En estos documentos, cada entidad concretará el número de viviendas que destinarán al fondo de viviendas de emergencia del consistorio. Algunas de estas viviendas serán cedidas, otras tendrán que ser devueltas a la entidad tras un periodo a determinar en el convenio y otra parte estarán sujetas a un régimen de alquiler social. Este fondo de viviendas procedentes de la EMVS y de los convenios con los bancos servirán para los casos en los que no se logre paralizar el desahucio y con el objetivo de, como sostuvo Higueras en la comisión de su área, «garantizar una solución habitacional a las personas que se queden en la calle».