Carmena saca a Montoro la factura de la capitalidad

Ahora Madrid quiere reclamar a Hacienda un régimen de financiación específico para compensar los gastos asociados a la Ley de Gallardón y Zapatero y que podrían alcanzar los 500 millones.

La Constitución reconoce a Madrid como capital del Estado, y el Estatuto de Autonomía prevé que tenga una Ley de Capitalidad, en la que se fijen derechos, obligaciones, prestaciones y competencias. En febrero de 2006, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el alcalde Alberto Ruíz Gallardón, consesuaron una Ley de Capitalidad; sin embargo, no incluyeron un régimen de financiación específico para compensar por los gastos que al Ayuntamiento le supone las prestaciones que como capital ha de hacer, asunto principal del texto. En anteriores intentos de llegar a un consenso, el Estado no se comprometía a esa compensación económica, y por eso, los alcaldes Enrique Tierno, Juan Barranco, Rodríguez Sahagún y Alvarez del Manzano, se negaron a firmarla; sin embargo, Ruiz Gallardón quiso pasar a la historia como el alcalde que sacó adelante la Ley de Capitalidad, aunque para ello tuviera que renunciar a la contraprestación económica por parte del Estado. Él y Zapatero acordaron en 2005 «dejar para más adelante» el capítulo de la financiación. El argumento era que se estaba viviendo una delicada crisis económica y no era momento de abordar este asunto, aunque la realidad es que no se quería provocar algo que podría interpretarse como agravio para Cataluña.

Esta ley «descafeinada» fue aprobada por el Congreso en julio de 2006. Han pasado más de diez años y Madrid sigue sin un régimen de financiación específico que compense los gastos de la capitalidad. Hasta ahora. El Gobierno de Ahora Madrid, que lidera Manuela Carmena, quiere desempolvar el asunto. La factura que el Ayuntamiento podría sacarle al Ministerio de Hacienda sería de entre 370 y 560 millones, según los cálculos de la época en la que se firmó la ley. Y lo haría precisamente en pleno tira y afloja con Cristóbal Montoro a cuenta del incumplimiento del techo de gasto que hizo Madrid en el pasado ejercicio y el «desafío» que el Ejecutivo de Ahora Madrid ha planteado al ministro con la aprobación de un Plan Económico Financiero en el que no se admite, y por tanto no se tiene en cuenta para los Presupuestos de 2017, los 233 mmillones de euros que debería «congelar» el Ayuntamiento y que se niega a hacer.

Tanto Ahora Madrid como el PSOE llevaron la actualización de esta ley en sus programas electorales, así como la creación de «un canon para cubrir los costes de capitalidad que compense a Madrid», según quedaba reflejado en el programa socialista. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, logró el pasado año el apoyo de todos los grupos del Pleno para reclamar al Estado que constituya la comisión interadministrativa prevista en la actual Ley de capitalidad. PSOE y Ahora Madrid fueron incluso un paso más allá y acordaron crear un grupo de trabajo para redactar una propuesta para una nueva Ley de Capitalidad, punto en el que PP y Cs votaron en contra. Lo que ahora se plantean desde el Gobierno de Carmena es abordar el gran asunto pendiente en torno a la capitalidad: la financiación.

El Ayuntamiento de Madrid tiene gastos y un lucro cesante por su condición de capital de España que en 2005 se estimó entre 370 y 560 millones de euros anuales. Esta cifra se calculó teniendo en cuenta lo que deja de percibir en tasas e impuestos, como los gastos que le suponen los servicios que la ciudad está obligada a prestar como capital del Estado, entre ellos, las labores de la Policía Municipal en materia de seguridad, vigilancia y escolta, con ocasión de visitas oficiales de jefes de Estado o de Gobierno, así como otros eventos de carácter nacional o extramunicipal como manifestaciones, juicios o eventos de toda índole en los que participan agentes municipales.

No obstante, el mayor de los lucros cesantes tiene que ver con el IBI. Están exentos de pagar este impuesto, por estar radicados en la capital de España, todos los edificios propiedad del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, Iglesia católica y de otras confesiones religiosas, fundaciones, embajadas y terrenos ocupados por la red ferroviaria.

Por lo que se refiere al impuestos de circulación de vehículos, están exentos los coches oficiales del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, representaciones diplomáticas, organismos internacionales con sede u oficina en Madrid, autobuses del transporte público y los vehículos destinados a la asistencia sanitaria o traslado de enfermos.

La Ley otorgó competencias especiales al Consistorio como la posibilidad de participar y de intervenir –por ejemplo por parte de la Policía Local– en la gestión de las infraestrucutras, servicios y equipamientos estatales situados en Madrid, como Cercanías de Renfe o el aeropuerto de Barajas o en las autovías que dan acceso a Madrid, así como en la M-40.