Policía

Carnés de ciudadanía para los manteros

En los últimos meses los manteros han invadido el centro
En los últimos meses los manteros han invadido el centrolarazon

Ya a nadie sorprende que el Gobierno de Manuela Carmena haga una cosa y, cuando la alcaldesa se da por enterada, cambie a hacer la contraria. Esta vez ha ocurrido con el plan de refuerzo policial para controlar la invasión de manteros en las calles de la ciudad anunciado a comienzos de la semana pasada por parte de la Policía Municipal. El Ayuntamiento de Madrid ha pasado de ponerse del lado de los comerciantes y vecinos, especialmente del distrito Centro, persiguiendo más eficazmente la venta ilegal callejera, a respaldar a los manteros a quienes la regidora madrileña quiere ofrecer ahora «alternativas de sostenibilidad vital». Es más, no sólo están dispuestos a defender a quienes cometen delitos contra la propiedad intelectual, sino que estudian crear un «carné de ciudadanía», que les daría acceso a quienes forman el top-manta, en su mayoría inmigrantes subsaharianos, a los recursos municipales del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que el cambio de opinión del equipo de Ahora Madrid ha llegado después de que Ganemos, que forma parte junto con Podemos e IU del partido, criticase la acción policial contra los manteros anunciada por el consistorio.

El plan inicial del Área de Seguridad, Salud y Emergencias estaba enfocado a evitar la proliferación que la desaparición de las unidades de la Policía Municipal que perseguían a estos delincuentes había provocado. Un «efecto llamada» que hace que, a determinadas horas del día lugares turísticos como la Puerta del Sol estuviesen «alfombrados» de «top-manta», generando problemas de movilidad y de inseguridad en la zona, además del evidente perjuicio para los comercios que venden las mercancías que los manteros ofrecen falsificadas.

De este modo, se había preparado un despliegue en tres fases simultáneas que incluía un despliegue extraordinario de agentes, actuaciones policiales en los pisos donde los manteros acuden a comprar los productos falsos que luego venden en la calle, en los que también se investigará si existen mafias que se dedican a este comercio ilegal, que podrían forzar a los vendedores a entregarles una parte de sus beneficios. Además, el plan cuenta con la colaboración de la Policía Nacional, para apoyar a los locales en las operaciones y redadas, así como el trabajo cooperativo de varias unidades de la Policía Municipal como la Unidad de Apoyo a la Seguridad, la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial y la Unidad de Análisis y Videovigilancia.

Sin embargo, apenas dos días después de conocerse el refuerzo policial contra los manteros, Ganemos lanzó un duro comunicado contra el Gobierno del que forman parte puesto que se presentaron a las elecciones bajo el manto de Ahora Madrid junto con Podemos y con IU. La portavoz, Ana Barba, consideró que Carmena ha antepuesto los «intereses comerciales a los derechos humanos», en la confección de su «plan anti-manteros» que, además, señaló, «criminaliza» a este colectivo. Barba advirtió de que pretenden llevar esta queja a la reunión de la Mesa Coordinadora de Ahora Madrid, que, denunció, no se reúne desde antes del verano.

Se da la circunstancia de que tres de los concejales que Ganemos tiene en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, Guillermo Zapata y el propio delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero –responsable de planear y ejecutar el plan «antimanteros»–, se desvincularon de la plataforma apenas dos días después del duro comunicado contra el refuerzo policial para luchar contra la venta ilegal. Sin embargo, ayer Barbero se congratuló de haber retirado el despliegue de la Policía Municipal frente al «top manta» y defendió que los agentes locales seguirán trabajando en hacer cumplir las ordenanzas municipales.

«Esto es congruente con el propio escrito de Policía Municipal, en el que se afirma textualmente que ‘‘considerando que el Plan va mucho más allá de la mera intervención policial y que la problemática social existente de este colectivo en muchos caso les imposibilita ganarse la vida de otra forma, sería necesaria la implicación de otros agentes sociales para atajar el problema existente desde distintos ámbitos’’», explicó Barbero para justificar el aplazamiento del plan de refuerzo policial. Es decir, que la Policía Municipal había elaborado un despliegue para luchar contra los manteros, señalando la necesidad de hacer una actuación social complementaria y cuando Ganemos protestó al respecto, el delegado de Seguridad consideró conveniente paralizar la parte policial hasta contar con un proyecto para la dimensión social del conflicto de los manteros.

Es más, ahora el equipo de Ahora Madrid le ha dado la vuelta completamente al enfoque mediante el cual se aborda el problema de la venta ilegal callejera. Si el aspecto de la seguridad y cumplimiento de las ordenanzas ha sido el primero en implementarse, antes del social, ahora ambos «han de ir armonizados, sabiendo que el eje central, la prioridad, será el abordaje social». Porque después de la queja de Ganemos, Barbero recordó que «la experiencia dice, además, como se ha demostrado los últimos años, que un abordaje exclusivamente punitivo, está llamado al fracaso».

Tras haber recibido dicha revelación, las áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias han puesto en marcha una batería de medidas sociales cuyo objetivo es propiciar «alternativas de sostenibilidad vital a las personas que se dedican a la venta ambulante no regulada en la ciudad con el objetivo de reducir en lo posible este tipo de actividad». Entre ellas, se está barajando la ampliación y refuerzo con nuevas funciones de la Oficina de Atención a la Población Migrante, la existencia de un «carné de ciudadanía madrileña» que dé acceso a los recursos del Ayuntamiento o la puesta en marcha de alternativas sociolaborales. Asimismo, desde el consistorio detallaron que se está trabajando en espacios de diálogo con las asociaciones de manteros y comerciantes, así como los responsables de las Juntas de Distrito, cuyas propuestas formarán parte de una nueva ordenanza de convivencia en la ciudad.