Cinco homicidios dolosos

Si se confirma que Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt y organizador de la «Thriller Music Park», la pasada noche de Halloween en el Madrid Arena quitó la valla de seguridad del pabellón para que entraran cientos de jóvenes al recinto las acusaciones particulares del «caso Madrid Arena» solicitarán el cambio de calificación al considerar que las circunstancias de la muerte de las cinco jóvenes van más allá de una negligencia o una imprudencia. Los abogados contratados por las familias de las fallecidas solicitarán al juez instructor de la causa, Eduardo López-Palop, el visionado de varias cámaras de seguridad del recinto para verificar que la persona encargada de despejar la entrada al pabellón fue el mismo promotor del evento, como muestran unas imágenes difundidas por elmundo.es. Este hecho, según el propio juez, produjo que la pista central se masificara, por lo que siempre ha insistido mucho en conocer quién permitió el paso de miles de personas al mismo tiempo.

Como para la causa en general, para las acusaciones en particular este detalle es vital porque cambiaría el tipo de homicidio cometido por los responsables de la tragedia. Es decir, que, al menos en el caso de Flores, no estaríamos hablando de un homicidio por imprudencia, sino de un homicidio doloso, un cambio que afectará de forma considerable a los años de prisión estipulados para cada caso en el Código Penal. El homicidio imprudente conlleva de uno a cuatro años de prisión mientras que el doloso (sabe que va a causar la muerte) está penado con la privación de la libertad entre 10 y 15 años.

De esta forma, las acusaciones particulares solicitarán al juez que transforme las diligencias en un sumario, lo que hará que los hechos sean enjuiciados en la Audiencia de Madrid, una vez que se procese a los imputados, según Ep. Para María José Siñeriz, que defiende a la familia de Cristina Arce, «Flores merece prisión. Éste es un dolo. Que se olviden de negligencia», aseveró ayer. Entre otras diligencias, la abogada adelantó que pedirán la declaración del director de Diviertt, Santiago Rojo, quien supuestamente es la persona que ordenó abrir el portón de emergencias por donde entraron masivamente los jóvenes, según varios de los imputados. Por su parte, el gabinete dirigido por Gerardo Viada, que defiende a la familia de Katia Esteban, confirmó a este diario que solicitarán el visionado de varias cámaras y la grabación con conversaciones entre la Policía Municipal.

Los abogados también están a la espera de que el magistrado resuelva la impugnación que realizaron el pasado mes de enero sobre la fianza de 200.000 euros impuestos a Flores para eludir la situación de prisión preventiva. Además, no descartan volver a pedir que declare en la que sería su tercera visita a los juzgados de Plaza de Castilla por esta causa.

Mientras, el magistrado sigue investigando cada detalle del procedimiento. Según informaron a este diario fuentes cercanas al caso, hay un grupo de Policía Judicial creado ad hoc que, a las órdenes del juez Palop, está realizando las investigaciones oportunas. En este momento siguen trabajando en el tema de las cámaras de seguridad fijas instaladas en el interior del pabellón. Y es que también hay sombras en este tema. Mientras la empresa encargada de la vigilancia de las cámaras, Seguriber, sostiene que muchas de ellas simplemente eran una «carcasa» que por razones económicas no se habían instalado, algunos empleados acusaron a la cúpula de la empresa de «extraer sin autorización judicial y tirar a la basura» imágenes de otros eventos. Precisamente uno de los acusados de esta práctica, Iván Somontes, declarará como imputado el próximo viernes en Plaza de Castilla.