Cuarenta millones de ahorro en el alquiler de inmuebles regionales

Con unos presupuestos volcados en las partidas sociales –en el próximo ejercicio, nueve de cada diez euros estarán destinados a Sanidad, Educación, Asuntos Sociales y Transportes– la reducción del gasto corriente se ha convertido en los últimos años en una prioridad para el Ejecutivo regional. Uno de los capítulos en los que más se ha dejado sentir este ahorro ha sido en el Plan de Optimización Patrimonial. Se trata de una iniciativa coordinada por la Consejería de Economía y Hacienda, con la que se busca ajustar los alquileres de edificios que utiliza la Comunidad de Madrid y negociar a la baja los arrendamientos.

En los últimos cinco años, las arcas madrileñas han ahorrado 39,6 millones de euros gracias a la puesta en marcha de este plan. Sólo en los dos últimos años, por ejemplo, se han rescindido 44 contratos de alquiler y se han negociado otros 53. Y se han visto afectados organismos de todo tipo de la administración: desde edificios con oficinas de las consejerías a juzgados, pasando por centros de salud, almacenes, oficinas de empleo o instituciones como el SUMMA, el Instituto del Menor, el Sermas o el Ivima. El objetivo es reducir, en la medida de lo posible, el parque inmobiliario ocupado por los organismos dependientes de la Comunidad. Para ello, además de extinguir contratos de arrendamiento, también se ha procedido a la agrupación y al traslado de algunas unidades administrativas que estaban en inmuebles alquilados a edificios en propiedad o a zonas periféricas, en las que el arrendamiento es más barato. También se han negociado a la baja las rentas que se estaban abonando en los edificios cuyo alquiler se ha optado por mantener. En el balance global de ahorros, han jugado un papel importante también las medidas de optimización del uso del espacio, de forma que se ha conseguido reducir la superficie ocupada por las unidades administrativas reubicadas. Estas líneas de actuación no sólo han supuesto una rebaja considerable en la factura que, al final de cada mes, debía abonar la Comunidad, sino que también se ha traducido en un ahorro de los costes asociados a estos inmuebles en materia de de limpieza, vigilancia o consumos.

La consolidación de estas iniciativas ha ido que el ahorro anual se haya ido incrementando a lo largo de este lustro. En 2009, el año en el que echó a andar el Plan de Optimización Patrimonial, se logró un ahorro de 2,45 millones de euros gracias a la extinción de seis contratos –cuyo impacto fue de 0,85 millones– y mediante la negociación de otros cinco, por valor de 1,6 millones. En el año 2010, los ahorros se duplicaron, hasta los 5,21 millones de euros: se procedió a la resolución de 10 contratos –1,56 millones– y se negociaron otros 15 contratos –3,65 millones–. La extinción de alquileres en 2011 significó un alivio para las arcas madrileñas de 5,37 mllones con el fin de 17 contratos y la renegociación a la baja de otros 21 permitió ahorrar 3,34 millones. Todo ello situó el ahorro en ese año en los 8,71 millones de euros. El pasado año, en 2012, la administración regional continuó reduciendo el gasto en otros 7,78 millones de euros: se resolvieron 22 contratos –cuya factura se elevaba hasta los 5 millones– y se negociaciaran otros 21 contratos, que permitieron ahorrar 2,78 millones. En el presente curso y hasta noviembre, el ahorro ha superado cualquier de las cifras marcadas en los años precdentes. Se han gastado 15,5 millones menos. Se ha podido alcanzar esta cifra gracias a la extinción de 22 alquileres –9,08 millones– y a la rebaja en la cuota de otros 32 contratos, cuyo impacto ha superado los 6,42 millones.

Entre los 44 alquileres afectados en los últimos dos años se encuentran por ejemplo siete locales ocupados por los sindicatos, que se vieron obligados a abandonarlos como consecuencia de la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 2012 y de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público e Impulso y Agilización de la Actividad Económica. Sólo con estos siete locales que utilizaban los sindicatos, la Comunidad ha dejado de gastar 1,2 millones de euros.

Otro ejemplo ilustrativo de lo que la Comunidad busca con este plan se encuentra en la extinción del contrato de Príncipe de Vergara 132, donde se situaban oficinas de la Consejería de Economía y Hacienda, trasladadas ahora a la calle Albasanz. Su ahorro anual será de 1,64 millones.También se extinguió el contrato de Gran Vía, 27, sede de la ya desaparecida Agencia Lain Entralgo, con una repercusión para las arcas públicas de 1,1 millones al año. Otros de los edificios afectados son los situados en la calle Gobelas, 33, Alcalá, 21, Alcalá, 4, Bambú, 12 y Castellana, 257, con rentas anuales superiores a los 450.000 euros cada uno de ellos. Otro de los contratos resueltos es el de la Plaza de la Independencia 6, sede de la Dirección General de Turismo y Dirección General de Deportes, cuyas unidades administrativas se han reubicado en otros edificios.