Dos funcionarios aceptan 3 años de cárcel y cinco de inhabilitación por facilitar a extranjeros la estancia legal

Dos funcionarios del Servicio de Extranjería de la Delegación de Gobierno de Madrid han aceptado este martes una condena de tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación por facilitar papeles a inmigrantes a cambio de obtener determinadas cantidades de dinero por acelerar los expedientes. Los funcionarios se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid por formar parte de una trama que aceleraba expedientes a inmigrantes. A los procesados se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito continuado de cohecho.

El fiscal pedía penas de entre doce y cuatro años de cárcel. Pero éstas se han reducido al alcanzar un acuerdo de conformidad el fiscal con los abogados. De este modo, han apreciado una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, dado que los hechos se produjeron en 2006. De este modo, los funcionarios serán condenados a tres años de prisión por falsedad documental y cohecho, así como a una inhabilitación de cinco años para ejercer su cargo. No obstante, la pena de un año por cohecho puede ser sustituida por el pago de una multa. Además, los cuatro extranjeros acusados en la causa han aceptado una pena de un año y medio de cárcel, la misma pena que ha aceptado el abogado implicado en el procedimiento penal. Según el fiscal, una de las procesadas, funcionaria de carrera, y otro procesado, funcionario interino, y ambos desarrollando sus funciones laborales en el Servicio de Extranjería de la Delegación de Gobierno de Madrid, se concertaron para llevar a cabo, desde el mes de abril de 2005 y hasta el mes de mayo de 2006, la manipulación informática de la base de datos de extranjería (Adexttra). Para ello emplearon las claves de usuario, acceso y contraseñas pertenecientes al Jefe de Servicio o a trabajadores contratados temporalmente que ya no ocupaban sus plazas o que se encontraban destinados en otras plazas en el momento de los hechos.

El acceso fraudulento a la base de datos Adexttra tenía por objeto conceder solicitudes correspondientes al proceso de normalización de ciudadanos extranjeros, solicitudes que previamente habían sido denegadas o inadmitidas, dando de baja el trámite y retrotrayéndolo para posteriormente pasarlo a la fase de concesión. Los dos principales procesados obtenían una contraprestación económica por parte del ciudadano extranjero por la obtención de una resolución favorable de su expediente o bien por el adelanto de la tramitación.

Los procesados se concertaron con una ciudadana venezolana y otro de origen colombiano, también procesados en esta causa, con la finalidad de contactar con ciudadanos extranjeros interesados en obtener fraudulentamente y acelerar su expediente de regularización o de reagrupación familiar. A través de una asociación de extranjeros, se cobraba 4.000 euros por la tramitación completa de un expediente. Durante el periodo que comprende la investigación de este caso fueron detectados 156 expedientes fraudulentos en la base de datos de Extranjería, que se habían manipulado por los funcionarios acusados, pasando de inadmitidos o denegados a concedidos.