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El Ayuntamiento de Madrid culpa al Gobierno del colapso de sus albergues

Afirma que elude su responsabilidad en materia de asilo derivando a los solicitantes que llegan a Barajas a los refugios municipales

  • Dos familias solicitantes de asilo han tenido que quedarse a dormir a la entrada de la sede del Samur Social / Foto: Luis Díaz
    Dos familias solicitantes de asilo han tenido que quedarse a dormir a la entrada de la sede del Samur Social / Foto: Luis Díaz

Tiempo de lectura 4 min.

03 de julio de 2019. 04:29h

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Javier Garrido.  3/7/2019

El Ayuntamiento de Madrid pidió ayer mediante carta una reunión urgente con el Gobierno para abordar la saturación de los albergues municipales por la llegada de solicitantes de asilo que acudían solos al aeropuerto de Barajas y que son derivados a las instalaciones municipales.

Y es que, el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, de Ciudadanos, calificó de «irresponsable» la actitud del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por desentenderse del asunto y derivar los refugiados y solicitantes de asilo a los refugios del Consistorio, lo que implica «una mayor carga para los desbordados recursos municipales de alojamiento». Asimismo, insistió en la problemática de que los solicitantes «pasan meses a la espera de cita y en un limbo jurídico» hasta que pueden regularizar su situación, lo que agrava el problema. En concreto, el responsable municipal señala la cifra de unos 10 meses de media, que es lo que la administración tarda en dar la resolución de las solicitudes. «El gobierno de Sánchez no solo incumple sus obligaciones administrativas al dilatar durante meses las solicitudes de asilo, sino que además no cumple sus obligaciones en la acogida de los refugiados, sobrecargando recursos del Ayuntamiento», indicaron fuentes municipales.

En consecuencia, Aniorte envió una carta a la Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí Ibáñez, solicitando una reunión con el fin de «concretar posibles soluciones», como «reducir los plazos» de las solicitudes y que el Gobierno «asuma sus responsabilidades». Fuentes municipales explicaron que el número de solicitantes de asilo atendidos «a falta de una respuesta del Gobierno central» es de 780 personas, lo que hace que la capacidad de actuación del área del Ayuntamiento se vea «bloqueada» con «perjuicio para los más desfavorecidos».

El Gobierno municipal, conformado por PP y Ciudadanos, apuntó a este respecto que los albergues del Ayuntamiento están «al 100% de su capacidad establecida», lo que genera «tensión entre las familias» y un «incremento en el malestar y la frustración de los profesionales» que trabajan en los centros.

Azucena Pérez, trabajadora del Samur Social –quien está acogiendo a estas personas–, señaló que esta situación no es nueva, sino que el servicio ya colapsó «hace más de un año». Desde entonces, «ha habido mucha gente y familias que se ha quedado en la calle». Precisamente, este fin de semana volvió con fuerza el colapso en el sistema. «Había niños menores de 10 años durmiendo en la entrada de los albergues», denunció Pérez.

Además, la trabajadora del servicio de Emergencias se quejó de que no cuentan «ni con la infraestructura ni con la red desarrollada» para afrontar el problema porque Samur Social constituye «el último recurso» cuando «nadie da una respuesta». Por ello, criticó la actitud del Ministerio que «no se ha parado a pensar» en las personas que piden asilo que pasan muchos meses hasta que se resuelve su requerimiento. «Nadie que solicita asilo viene con los recursos suficientes para estar viviendo aquí tres, cuatro o seis meses hasta que se resuelve su situación». Hasta el momento, destacó, las medidas que se tomaron en esa dirección supusieron únicamente «pequeños parches» al problema, no soluciones.

Asimismo, Pérez incidió en que «hace falta poner medidas» y cambiar la situación actual, cosa que el Ministerio «no está haciendo». A las peticiones de los trabajadores del sector, les respondieron con un «silencio administrativo» que deja a un colectivo «muy vulnerable» en la estacada.

Igualmente, Azucena explicó que el tener que dejar a personas y familias en la calle por el sobreaforo «hace mucho daño» y supone un gran «desgaste emocional y profesional» porque, a su juicio, «nadie hace nada» por ponerle solución. «Todas las personas que trabajamos en esto, desde los educadores sociales a los auxiliares, tenemos la conciencia de intentar ser generadores de un cambio en esas personas. Sin embargo, la carga de trabajo ha crecido y el número de personas encargadas sigue siendo el mismo. Esto hace que no se pueda más».

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