El cementerio de neumáticos de Seseña llevaba tres meses sin seguro

El empresario de la planta consiguió en 2003 licencia de actividad pese a tener sanciones por daños al medio ambiente

El almacén de ruedas de Seseña en el que han ardido más de 70.000 neumáticos carecía de seguro de ningún tipo desde febrero pasado, cuando el Ayuntamiento de la localidad toledana rescindió formalmente el contrato a la empresa «Desechos y gestión de ruedas Iberia», con sede en Valencia, de mutuo acuerdo. La empresa que gestionaba el reciclado de neumáticos dejó de tener actividad en 2015 porque no le resultaba rentable, aunque el trámite no se formalizó oficialmente hasta hace tres meses. Desde 2015 sólo un vigilante a media jornada se encargaba de la seguridad de las instalaciones del vertedero, tal y como adelantó LA RAZÓN. Por la noche, no había ninguna vigilancia y el vallado estaba deteriorado hasta el punto de que cualquiera podría acceder con facilidad.

La ausencia de seguro durante los últimos meses no es la única circunstancia anómala. También ha sido muy cuestionado cómo fue concedida la licencia de actividad en 2003 a Disfilt S. A. para poner en marcha su planta de reciclado de neumáticos. En esa fecha, la sociedad dirigida por Victorino Villadangos ya había sido protagonista de varios expedientes sancionadores por daños al medio ambiente y hasta contaba con una denuncia del Seprona por el mismo motivo. La licencia la concedió el entonces alcalde socialista de Seseña José Luis Martín Jiménez a la vez que recalificaba los terrenos que hoy ocupa «El Quiñón» para que El Pocero pudiera construir 1.400 viviendas.

La primera denuncia contra Disfilt S.A. se remonta a junio de 2011. Entonces los agentes aprecian que se estaba produciendo un «vertido incontrolado de neumáticos» en Seseña. En marzo del año siguiente la empresa ya tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave que solicitaba la suspensión de los trabajos de la planta como medida complementaria. Pero los trabajos en las parcelas 44 y 45 del polígono número 3 del paraje de la «Huerta», que es como se llama el lugar donde se ha producido el enorme incendio, no cesaron y en abril de 2003 logró los permisos municipales. Una licencia que Villadangos logró para su negocio amparándose en un informe de impacto ambiental de su actividad que resultó favorable tal y como consta en una resolución del mes de septiembre anterior de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha dirigido por José Bono. La Consejería de Medio Ambiente manchega consideró «ambientalmente viable la actuación proyectada, siempre que se cumplan las determinaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental», y que básicamente consistían en que la planta debía adoptar medias de protección del aire y prevención del ruido, los neumáticos debían quedar almacenados a una distancia superior a 50 metros de la línea eléctrica que discurre al noroeste de la parcela, la altura de almacenamiento de neumáticos quedaba limitada a tres metros y se implantaría una valla vegetal en todo el perímetro de la parcela. «El promotor debe presentar y cumplir un proyecto específico de medidas correctoras de la contaminación», se puede leer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En febrero de 2003 se había iniciado un procedimiento sancionador contra Disfilt S. A. por haber iniciado la actividad sin la preceptiva declaración de impacto ambiental y, a pesar de esto, obtuvo los permisos necesarios.