El Constitucional da 20 días a Botella para modificar su Gobierno

El Tribunal Constitucional ha aclarado la sentencia que considera inconstitucional que formen parte de los gobiernos municipales personas que no hayan sido elegidas en las eleccioness. Ante la pregunta de si los cuarenta cargos de ayuntamientos a los que les afecta la sentencia podrían mantenerse hasta que fuesen cesados o terminase la legislatura, el TC ha sido claro: deben irse ya. En concreto, a partir de la publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado.

Esto da a la alcaldesa de la capital, Ana Botella, unas tres semanas para anunciar el cese al delegado de Las Artes, Turismo y Deporte, Fernando Villalonga, y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo, puesto que ninguno de ellos estuvieron en la lista que el PP presentó a las elecciones municipales de 2011. Aunque el pasado martes la regidora comentó que ya tiene un plan B para sustituir a ambos, fuentes municipales rechazaron detallar en qué consiste.

Botella tiene dos posibilidades: escoger sustituto entre los 30 concejales que sí obtuvieron su puesto por los votos de los madrileños, de los cuales 21 tienen responsabilidades en las juntas de distrito; o bien unir las áreas de Gobierno «huérfanas» a las responsabilidades de otros concejales. Así, José Enrique Núñez, titular de Seguridad y Emergencia, podría volver a unir Medio Ambiente y Movilidad en la «megaconcejalía» que en su momento tuvo a su cargo Antonio de Guindos, antes de que dimitiese tras ser imputado por el «caso Madrid Arena».

Alberto Ruiz-Gallardón fue el primer alcalde en recurrir a la fórmula de los concejales no adscritos, que respalda la Ley de Grandes Ciudades en su artículo 16 –punto que, precisamente, ha sido derogado por el Tribunal Constitucional al considerar que los concejales elegidos democráticamente dan «un plus de legitimidad democrática frente a la profesionalización»–. De esta manera, en 2003, Miguel Ángel Villanueva entró en su equipo de Gobierno como consejero delegado. Un puesto similar se adjudicó a la responsable de Las Artes, Alicia Moreno, que se negaba a ir en las listas electorales. De hecho, en su segunda legislatura hubo polémica entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ante la intención del alcalde de unificar los cargos municipales bajo el nombre de «consejerías delegadas». Finalmente, Gallardón optó por nombrar a su equipo de Gobierno como delegados de área.