El juez de la Púnica cerca a Cifuentes

Cita como investigada a la ex responsable jurídica de la Asamblea por los contratos de la cafetería de la Asamblea. La presidenta regional es la única integrante de la mesa que no ha sido llamada a declarar.

La Audiencia Nacional ha reactivado la investigación de la trama Púnica con una diligencia, dictada el pasado miércoles, en la que el juez Manuel García Castellón llama a declarar de nuevo como investigada a Tatiana Sonsoles Recorder, ex jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid, en relación a adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco. El magistrado inspecciona los contratos entre los años 2009 y 2011 en los que la jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes, participó como presidenta de la mesa de contratación. Hasta el momento, la presidenta madrileña es la única integrante de esta mesa que no ha sido llamada como investigada en la causa, situación que podría variar en función de la segunda declaración de Recorder.

Tatiana Sonsoles Recorder ha sido citada el próximo 18 de octubre en la Audiencia Nacional por su presunta participación en una adjudicación irregular a la sociedad del que fuera presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández. El propietario de Grupo Cantoblanco está también siendo investigado en esta causa después de que un informe de la UCO, del pasado 27 de marzo, que ponía en evidencia la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes, informaron fuentes de la investigación a Europa Press. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.

Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas «arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina» en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes. Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.

La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, a la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara, Maria Merino –que formaba parte del comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de «significativas y evidentes contradicciones» que permiten concluir la existencia de «una pluralidad de acciones» por parte del Comité de Expertos.

La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto. De esta circunstancia concluye la UCO, «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores».

La noticia de esta nueva citación a una integrante de la mesa de contratación en la que también estaba la presidenta Cifuentes coincidió con la celebración de un Pleno en la Asamblea de Madrid. En los pasillos de la Cámara todos los grupos de la opsición se felicitaron porque la investigación de la trama Púnica siga adelante y exigieron que la justicia llegue «hasta el final caiga quien caiga».