El pago del SER por móvil, un negocio de 2,6 millones extra al año

Los ciudadanos pagan una comisión del 10% que AEA considera «ilegal». La demanda «salta» a un nuevo juzgado. Las empresas creen que el 61% de los pagos se harán por teléfono en 2021.

Si paga por aparcar en Madrid con el móvil sabrá que, desde 2018, además de pagar la tasa municipal, hace frente también una comisión del 10% por «el coste del servicio» a la empresa propietaria de la aplicación que se ha descargado. Es decir, que si aparcar le cuesta 2 euros, 0,20 euros más van a parar la adjudicataria del servicio. El 40% de los madrileños tira de móvil para hacer el trámite. Y va en aumento. En los tres primeros años de funcionamiento, desde el 1 de julio de 2014, se han llevado a cabo más de 57 millones de operaciones y 80 millones de recaudación. Ahora bien, ¿es legal este cobro del 10% extra a los usuarios cuando ya hacen frente a la tasa municipal?

La asociación de Defensa de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) cree que es ilegal y recurrió ante el TSJM hace un año. Ahora el caso «salta» al juzgado de lo Contencioso Administrativo numero 3 de Madrid después de que el Alto Tribunal se haya declarado incompetente para juzgar el caso. La demanda y el expediente que instruye la causa permite constatar el abultado negocio de estas empresas que gestionan lo que se ha llamado el «SER inteligente». No sólo cobran los 837 millones en doce años del contrato que tienen suscrito con el Ayuntamiento por la gestión del estacionamiento, sino que también a esta suma se añade un 10% más al usuario «por costes del servicio», la publicidad que incluyen en sus Apps y también cobran a aquellas empresas que desean formar parte del negocio y deben utilizar la plataforma que han creado para ello.

La comisión que obtienen las empresas de los usuarios suponen unos ingresos «extra» de 8.000.000 de euros cada tres años, es decir, 2,6 anuales que ingresarían del ciudadano por gestionar el SER y que AEA considera que no tendría por qué cobrarse porque «está fuera del contrato». A estas cantidades hay que añadir otro «peaje» de 0,01 euros por operación realizada, es decir 570.000 euros, que es la cantidad que las adjudicatarias quieren cobrar a las nuevas operadoras que quieran conectarse a la plataforma informática del SER.

La demanda de AEA saca a la luz cómo se creó el servicio, las resistencias del Ayuntamiento a cobrar la tasa y la «presión» de las empresas adjudica al Ayuntamiento, hasta que finalmente se terminó cediendo. Así fue como se desencadenaron los hechos, según la demanda de AEA.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad aprobó en 2014 la adjudicación del servicio. Esto implicaba contar con las herramientas informáticas adecuadas y crear una plataforma integral que debían utilizar todas las empresas y que debía estar sufragadas por ellas.

El 25 de junio de 2014 se aprobó una modificación de la Ordenanza que regulaba el estacionamiento de vehículos en la que se establecían las nuevas cuotas y tarifas de las zonas de estacionamiento delimitadas por el nuevo «SER Inteligente». Ninguna de las ordenanza preveía cobrar cantidad alguna al ciudadano, más allá de la tasa por aparcar. Once meses después de adjudicarse el contrato, Eysamobile, Telpark y Epark (ahora son cinco empresas las que se dedican a esta labor) deciden «repercutir a los usuarios los costes por el servicio de pago a través de la telefonía móvil». Optan por cobrar una comisión de un 10% por cada transacción con un mínimo de 0,05 euros por cada una de ellas. Estas empresas actuaban en régimen de monopolio. Sólo se podrían repercutir al usuario costes adicionales a los inicialmente previstos. Sin embargo, lo que acaban repercutiendo son los «costes del servicio», es decir, « la plataforma integral donde se iban a instalar las herramientas informáticas para la gestión del servicio», según figura en la demanda.

El Ayuntamiento de Madrid se ha resistido a las interpretaciones que las empresas han hecho de la norma. Y no sólo cuando Ana Botella fue alcaldesa, también con Manuela Carmena. Entendía que no se podía trasladar a los usuarios unos costes que no estaban contemplados en el pliego de condiciones. Para el Ayuntamiento, el «coste adicional» al que se refiere el contrato de adjudicación, tiene que ver con el gasto en telefonía que tiene que hacer el usuario para poder pagar con la aplicación, para lo cual utiliza los datos de su propio teléfono.

Al principio, las únicas operadoras habilitadas para pagar la tasa SER por móvil eran tres sociedades: Eysamobile, Telpark y Epark, que actuaban en régimen de monopolio. Las operadoras «amenazan al Ayuntamiento con suspender el servicio si no se autoriza a repercutir al usuario el coste del servicio». Creen que los gastos derivados del servicio los han asumido «sin tener compensación económica».

Una empresa, EasyPark España S. L., decide denunciar al Ayuntamiento ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) al considerar que el Ser Inteligente se hace en régimen de monopolio. Es entonces cuando las empresas «ven una oportunidad para presionar de forma intolerable al Ayuntamiento ante la amenaza de multa. El Ayuntamiento no había autorizado a cobrar el 10% adicional «porque la ley no le autorizaba», dice AEA. Mientras, la CNMC lo que pedía al Consistorio es que llegara a un acuerdo con las empresas, abriera el mercado y estableciera unas normas que determinasen cómo se podía conectar una empresa que quisiera dedicarse al sistema de pago a través de dispositivos electrónicos móviles. AEA asegura que el Ayuntamiento de Manuela Carmena «se siente presionado y acaba aprobando una norma que permita cobrar un 10% a los usuarios. Lo que pretenden la adjudicatarias es recuperar unos costes que ya tenían obligación de soportar». También acaba aprobando una instrucción que prevé los requisitos para permitir a otras empresas el acceso a la plataforma informática. Se trata de la resolución de 27 de marzo de 2018 ahora recurrida.

En la documentación que se adjunta en el procedimiento judicial y al que ha tenido acceso LA RAZÓN se aclara que, desde el 1 de julio de 2014, han sido tramitadas por las Apps de pago móvil 57.113.625 operaciones de estacionamiento con una recaudación procedente de las mismas de 80.178.376 euros. Es decir, «desde el inicio de la plataforma, las aplicaciones de pago por móvil han gestionado el 32% de las operaciones de estacionamiento y el 28% de la recaudación de todo el SER.

El 22 de febrero de 2018, el Ayuntamiento dirige una carta en la que advierte a las empresas que no podrán cobrar la comisión. Un mes más tarde, el 27 de marzo de 2018, el Ayuntamiento las autoriza. AEA denuncia la «presión intolerable que las empresas ejercieron sobre el Ayuntamiento» y lamenta que «cediera en contra del interés general y derechos de los usuarios» al reconocer el cobro de comisiones no previstas en el pliego de condiciones ni en ninguna ordenanza».