El PP abre la puerta a más empresarios para terminar Eurovegas

Mientras el Gobierno regional continúa esperando la solicitud formal de Las Vegas Sands para poner en marcha Eurovegas tras el pertinente concurso público, el PP ha movido ficha en la Asamblea para que la Comunidad se asegure la inversión de la futura ciudad del ocio, que será de más de 17.000 millones de euros. A través de una enmienda a la ley que regula los Centros Integrados de Desarrollo, el Grupo Parlamentario Popular quiere que la empresa que gane el concurso –presumiblemente el imperio abanderado por Adelson– tenga que cumplir con los plazos previstos en su proyecto, relativos a la inversión. De lo contrario, verá cómo el monopolio que se le concede durante diez años se irá reduciendo. Sin introducir este cambio, la norma actual establecía que al comenzar a funcionar los nuevos casinos de Eurovegas, se debería respetar el plazo de diez años que limitaría la edificación de instalaciones similares en la región. Si la moción prospera, ese plazo de tiempo de diez años se irá reduciendo en proporción al número de casinos que en el proyecto no se han puesto en marcha en los plazos acordados, hasta llegar a un mínimo de un 25%, caso extremo que obligaría a la Administración a anular dicho acuerdo. Esto supone en la práctica que si Adelson –o el propietario de la empresa que finalmente gane el concurso– no cumple con los compromisos recogidas en su propio proyecto, especialmente en lo referente a las instalaciones de ocio, tendrá un menor margen para explotar el sector en la posición ventajosa que contempla la Ley 8/2012.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, Salvador Victoria, la iniciativa busca «garantizar aún más la inversión por parte de los interesados en un CID, por las cantidades comprometidas en el proyecto». De esta forma, además de blindar la inversión también se conseguiría garantizar los empleos, al penalizar la no puesta en marcha de casinos ya comprometidos.

Una vez que la Comunidad de Madrid reciba la solicitud de Las Vegas Sands, el Gobierno podrá convocar el concurso público. Ignacio González subrayó hace meses la intención de la Comunidad de convocarlo en abril o, como muy tarde, en mayo. Según esos cálculos, la adjudicación se haría realidad a finales de verano y la puesta de la primera piedra tendría lugar en enero de 2014.