El PP trasladará la querella contra Tania Sánchez a un juzgado ordinario

La dimisión de Tania Sánchez como diputada regional de IU, formación que abandona para crear su propio grupo político, tiene una consecuencia directa en su situación procesal respecto a la querella que presentó contra ella el PP por un delito de tráfico de influencias, malversación y prevaricación, en relación con la adjudicaciones concedidas a la cooperativa de su hermano por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid cuando era edil del Consistorio.

La consecuencia no es otra que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declarará incompetente para tramitar la querella, ya que desde el momento en que se acepte su renuncia como diputada dejará de ser aforada, y, por tanto, este tribunal ya no será competente para decir si admite o no a trámite la querella, y, en el primero de esos supuestos, iniciar la correspondiente tramitación.

Traslado de la querella

Éste será el criterio que exponga la Fiscalía en su dictamen que emitirá próximamente, donde no se pronunciará si existen o no elementos para la admisión de la querella, sino que se limitará a reseñar que una vez que se tiene constancia oficial de que ya no ocupa ningún escaño en la Asamblea, el TSJ no es competente para conocer de ninguna acción contra ella. Un criterio que será refrendado posteriormente por la Sala de lo Civil y Penal del citado tribunal, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas.

En el momento en el que Sánchez presente su renuncia a su condición de diputada autonómica y la Mesa de la Asamblea de Madrid dé cuenta de su baja, el PP trasladará la denuncia por prevaricación a los tribunales ordinarios. «El delito es el mismo y los tres denunciados (Tania Sánchez, su padre y el actual alcalde de Rivas) también. No cambia nada el cargo que ocupen», explican fuentes populares. Esperarán a que el TSJ detemine qué juzgado ordinario les corresponde. «En cuanto lo sepamos, daremos traslado de la querella y de los documentos que la avalan», añaden estas mismas fuentes. De cualquier modo, el proceso de inhibición del TSJM en un juzgado de primera instancia retrasará su posible imputación; una condición –la de imputada– que hasta ahora amenazaba su candidatura a la Comunidad de Madrid.

Aunque Sánchez se negaba a admitirlo públicamente, la ex candidata sabía que su carrera hacia las elecciones autonómicas como líder de IU estaba en manos de la Justicia.

Los estatutos de IU le impedían ser candidata y estar imputada. Tal y como establece el código ético de la formación, todos los cargos de la coalición de izquierdas están sometidos a diferentes «obligaciones», una de las cuales, la número 8 hace referencia a los imputados: «Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias (...) cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación. En ningún caso podrán ser candidatos o candidatas en listas municipales, autonómicas, estatales o europeas de Izquierda Unida». En sus últimas declaraciones Sánchez, había admitido haber cometido «un error» en la adjudicación de los contratos a la empresa de su hermano, pero intentaba defender que «no había habido enriquecimiento», quizás para intentar construir una defensa ante el cese inmediato que conllevaba la aplicación de este artículo que se refiere a las imputaciones por «prevaricación con fines de lucro» en caso de ser imputada.