El PSOE pierde la primera batalla del agua

La controversia política que siguió a la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de convertir el Canal de Isabel II en una Sociedad Anónima de titularidad pública tiene desde hace diez días su primer pronunciamiento judicial. En una sentencia del pasado 26 de junio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid desestima el recurso presentado por tres concejales socialistas de Loeches contra la incorporación de este municipio a la sociedad Canal de Isabel II Gestión y avala la reconversión de esta entidad ejecutada por el Ejecutivo regional.

De esta forma, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pierde en los juzgados la «batalla del agua». A pesar de que algunos municipios gobernados por el PSM terminaron por firmar su respectivo convenio de integración, su secretario general enarboló la bandera de la lucha contra «la privatización del Canal». Prometió batallas judiciales en todos los ayuntamientos e incluso presentó un recurso en el Constitucional que aún no se ha resuelto. El fallo relativo a Loeches es el primero de otros presentados por ediles socialistas de otros municipios, y cuyos procedimientos están resolviéndose actualmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Loeches es uno de los 111 municipios que se integran actualmente en la nueva sociedad y que, en su calidad de accionista, participa de los dividendos. Los tres concejales socialistas en el municipio votaron, en noviembre de 2011, en contra del Convenio de Incorporación de este Ayuntamiento al futuro modelo de gestión. Su oposición no quedó ahí y llevaron el proceso ante los tribunales. En su recurso plantearon que el acuerdo alcanzado en el pleno municipal –salió adelante con el voto de los nueves ediles del PP– no se adecúa a la Ley de Contratos del Estado por permitir «una inconveniente gestión a favor de un ente que no es enteramente público». Subrayaron asimismo en el recurso que esta legislación «impide las encomiendas de gestión a favor de entidades no totalmente públicas» y añadieron que la incorporación de Loeches al nuevo modelo de gestión «adolece de múltiples infracciones».

Argumentos que, sin embargo, la sentencia tira por tierra al dar la razón a los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. La resolución judicial establece que el modelo de gestión que la Comunidad aprueba en la Ley 3/2008 –que es la plasmación jurídica de la propuesta de reconversión del Canal que Esperanza Aguirre hizo en el Debate sobre el Estado de la Región de ese año– «no supone una encomienda de gestión a favor de entidades que no sean totalmente públicas, ni resulta incompatible con la legislación de contratos y el Derecho Comunitario aplicable». Recuerda también la sentencia que la fórmula elegida por la Comunidad de Madrid para dar forma a la nueva entidad se ajusta por completo a la legalidad. «Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público y privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con normas establecidas» en la Ley de Contratos del Sector Público.

Del mismo modo, el juez no aprecia que la firma del Convenio de Incorporación a la nueva entidad ni del Convenio de Gestión integral del servicio de agua –ratificado este último en el mismo pleno de 2011– suponen vulneración alguna del principio de Autonomía Local. Y va más allá la sentencia al destacar la incoherencia de los concejales socialistas que presentaron el recurso, ya que, según reza el fallo, «este convenio consiste básicamente en una renovación del existente en la actualidad, suscrito por la corporación que regía el municipio antes del equipo actual (del PP) y que estaba compuesto por parte de los que ahora lo impugnan».

La sentencia avala también la fórmula con la que la nueva sociedad de gestión da entrada a cada uno de los municipios al «calcular su participación accionarial» en función del número de habitantes, siendo éste «un parámetro objetivo al estar directamente relacionado con la facturación y, por tanto, con el negocio de cada municipio». La obligación recogida por el Convenio de Integración, en una de sus cláusulas, de que la Comunidad el Ayuntamiento de Loeches y Canal de Isabel II Gestión «mantengan unas relaciones institucionales de colaboración» tampoco supone, según la setencia, una vulneración de la autonomía municipal. Finalmente, el juez tampoco aprecia que exista vulneración ninguna de la Ley al establecer el convenio un plazo de vigencia de 50 años, ya que la aprobación del mismo se efectúa «por mayoría absoluta de los miembros elegidos por dicho municipio en el ejercicio de sus funciones legales, sin que se aprecie vulneración de la autonomía municipal, que se alega por los concejales recurrentes». En consecuencia, añade, «no se advierten motivos de nulidad o anulabilidad en el Convenio impugnado y procede la desestimación del recurso».

El día que Gómez pidió la rebelión de los alcaldes

Tras el anuncio de Esperanza Aguirre de reconvertir el Canal en una Sociedad Anónima, Tomás Gómez lo convirtió en uno de sus caballos de batalla. Intentó movilizar a los alcaldes socialistas. En un acto de abril de 2011 –en la imagen–, Gómez aseguró que «los alcaldes van a ir a los tribunales para defender los derechos de los ciudadanos». La directriz era clara. Pero no debían pensar lo mismo los alcaldes de Fuenlabrada y de Parla, que, como los de IU de Rivas y San Fernando, terminaron uniéndose a la nueva entidad sólo unos meses después.