Investigan a tres trabajadoras de un colegio de Getafe por malos tratos a un niño con autismo

Los padres grabaron conversaciones donde se puede oír a los responsables reírse de él o amenazarle.

«No me pinches», «no me saques fuera» o «no me asustes» fueron algunos de los gritos desesperados del pequeño Eduardo que registró el dispositivo grabador que sus padres colocaron en sus ropas y que resultaron ser la confirmación de unos hechos que sus progenitores sospechaban desde hacía tiempo por el comportamiento extraño que presentaba el menor y que corroboró el médico psiquiatra encargado de su seguimiento. El pequeño de tan solo ocho años y con un trastorno de autismo sufría vejaciones por parte de algunas de las profesoras que estaban a su cargo en el colegio público de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe. A día de hoy, y con el caso ya en manos de la Justicia, las tres trabajadoras investigadas continúan en sus puestos de trabajo y los padres del menor se defienden de un expediente disciplinario que, aseguran, se abrió después de que el personal detectara el aparato. La versión de la Consejería de Educación es distinta: explica que el expediente corresponde a un procedimiento ordinario iniciado después de detectar un caso de absentismo. Porque tras escuchar las grabaciones, Eduardo no volvió a las aulas de un centro que depende de la Comunidad de Madrid y que sobre el papel imparte formación específica para menores que presentan necesidades educativas especiales. Su infierno.

El Juzgado de Primera Instancia número uno de Getafe ya ha tomado declaración a las tres acusadas, que ahora tendrán que defenderse de delitos de acoso y trato degradante, y también de otro de lesiones psicológicas. Las implicadas son la tutora del pequeño, una profesora de apoyo y una auxiliar de enfermería, aunque los padres afirman que las vejaciones se pueden extender a otros miembros de la plantilla del colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe. Por el momento, fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no se han llevado a cabo medidas cautelares contra las dos docentes porque la decisión de apartarlas tiene que partir o bien de la vía jurídica o de la apertura de un expediente por parte de la Inspección Educativa. «La Consejería no puede actuar de manera unilateral», subrayan.

El inicio del proceso se remonta al mes de noviembre. Los padres de Eduardo llevaban tiempo observando que el comportamiento de su hijo había sufrido un «cambio brusco» y además padecía constantes crisis de ansiedad, una circunstancia que había certificado un facultativo del Hospital Gregorio Marañón, relatan en la denuncia. Ante las sospechas de que el pequeño pudiera estar sufriendo abusos en el colegio y después de que los directivos del centro desoyeran las advertencias de los progenitores, estos colocaron en las ropas del menor un pequeño dispositivo localizador y grabador para intentar averiguar el origen del problema. Repitieron la operación durante cuatro días movidos por la «angustia» y la «profunda preocupación» que sufrían.

Amenazas y burlas

El resultado pone los pelos de punta. El documento auditivo recoge burlas y amenazas de las profesoras –«te van a pinchar en el culo», «si me arañas te puedo morder yo a ti», «¿le vas a contar a mamá esto también», «que te aguante tu tía»–, unos ataques que alcanzan tal nivel que llegan a formularle la misma pregunta en repetidas ocasiones hasta advertir que le va a «explotar la cabeza». En la denuncia, los padres de Eduardo aseguran que las docentes se dirigen al menor «en tono desafiante, amenazador, despectivo, degradante y muchas veces jocoso, que le estaba ocasionando alteraciones en la conducta al no poder canalizarlas un niño autista de otro modo». En el audio también se escucha cómo dicen que el niño «es más vago que la chaqueta de un guardia» o incluso le amenazan con echarle agua por encima. También se aprecia cómo un hombre se ríe del pequeño por su forma de hablar, un trastorno que es una consecuencia del autismo que padece.

La primera decisión de los padres fue que su hijo no volviera a pisar el aula en la que el pequeño había sufrido las vejaciones. Como consecuencia de estas ausencias continuadas, y siempre según la versión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el centro procedió a abrir un expediente de absentismo escolar «según lo establecido», y fue en la reunión que se convocó para tratar este asunto cuando la familia trasladó al centro el presunto caso de acoso al menor con autismo. «Es verdad que todo arrancó a principios de noviembre cuando las profesoras detectan que un alumno tenía escondido un dispositivo de grabación, un hecho que podía ser constitutivo de falta», precisan, y añaden que en un primer momento indicaron que se trataba de un localizador GPS que utilizaban para poder encontrarlo en el caso de pérdida.

En la denuncia, los afectados afean a los directivos del Santiago Ramón y Cajal no haber recibido ninguna llamada por parte de los responsables del colegio para interesarse por el estado de salud de Eduardo. Las primeras noticias del centro no llegaron hasta el 14 noviembre, cuando les notificaron la apertura de un expediente disciplinario y les citaron para una reunión con la directora a la que finalmente asistieron en su lugar una trabajadora social y la tutora del pequeño. Tras el encuentro, en el que les advierten que procederán a la apertura de un procedimiento por absentismo escolar, los padres acudieron de nuevo a la directora y al Servicio de Inspección Educativa del Área Territorial Madrid-Sur para relatar esta posible situación de acoso escolar.

La decisión de cambiar al pequeño de colegio fue del juez que instruye el caso. «El procedimiento ya se había iniciado pero en el momento en el que los padres lo trasladan a la vía judicial la administración se pone a su servicio y le proporciona toda la documentación e información que fue solicitada», indican desde Educación, que también asegura que sus trabajadores elaboraron una lista de posibles colegios a los que se podía derivar al menor que después trasladaron a los padres. Algunos miembros de la inspección educativa les acompañaron a varios centros para que eligieran el más adecuado. A pesar de esto, los padres de Eduardo denuncian sentirse «abandonados» por la Comunidad de Madrid y también por la administración educativa.

Aunque en la actualidad el menor ya se encuentra instalado en otro centro, los padres aseguran que la adaptación no ha sido fácil y que después del episodio que vivió le cuesta separarse de ellos. A pesar de que ha pasado el periodo de adaptación el pequeño aún necesita tomar medicación.

¿Un caso aislado?

«Lo único que cambia ahora es que el caso se ha filtrado a los medios de comunicación», aseguran desde Educación, que también afirman que no tienen constancia formal de que se hayan producido más casos similares en el mismo centro. Sin embargo, ayer por la mañana ya se empezaban a formar los primeros corrillos a las puertas del colegio y no fue una, sino dos las madres que afirmaron en declaraciones a los medios de comunicación que tienen serias sospechas de que sus hijos podrían estar viviendo una situación similar a la del pequeño Eduardo. En concreto, las susodichas se quejaron de los «métodos» de algunas de las docentes del centro.

A pesar de que el hermetismo del colegio ha sido prácticamente absoluto desde que saltó la noticia, los representantes del centro tuvieron ayer por la mañana una reunión con miembros de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y con portavoces de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. A la salida, la secretaria del AMPA del colegio público de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal aseguró sentirse «más tranquila» después del encuentro: «Seguimos confiando en los profesores del centro, hay una investigación judicial y es el juez el que determinará».

Y es que la causa aún permanece abierta. Además de a las tres imputadas, los responsables del juzgado también han tomado declaración en calidad de más testigos, entre ellos a la directora del centro y a la jefa de estudios, y tienen sobre la mesa la solicitud de que testifiquen los monitores que cuidaban el patio y los encargados de vigilar el comedor.