Ir al teatro o al cine para no pagar las multas por hacer botellón

El Gobierno de Ahora Madrid sustituirá las sanciones por beber en la calle si el infractor «da fe» de que gastó el dinero en «ocio alternativo».

El elevado número de personas que son sancionadas por beber alcohol en las calles demuestra, según el Ayuntamiento de la capital, que las multas no sirven como medida disuasoria. Cada semana, 500 personas son sancionadas por la práctica del botellón en la capital, 25.000 cada año calcula el área de Salud y Seguridad del Gobierno de Carmena. Por ello, el consistorio va a replantearse la forma de afrontar este problema. El delegado Javier Barbero avanzó ayer en la Comisión de Seguridad que una parte de las multas podrán pagarse con trabajos socioeducativos para la comunidad. Se potenciará también un plan de «ocio guiado». Esta última opción consistirá en que los sancionados puedan gastar una parte o la totalidad del dinero de la multa en actividades culturales, como «ir al teatro o al cine». Se accederá a este plan siempre que «pueda dar fe» de que ha gastado el dinero «en ese ocio alternativo». La idea se convertirá en norma en 2016. Hasta ese momento, el área de Barbero seguirá concretando la iniciativa dentro de la que también están barajando que la Administración pueda entregar, tras el pago de la multa, unos bonos para acudir a este tipo de actividades.

Otro de los cambios –éste entrará en vigor el 1 de enero– afecta a la forma en la que serán notificadas las sanciones. Desde enero, los expedientes sancionadores se remitirán a los domicilios de las personas que hayan infringido la ley por hacer botellón. Sólo a partir de ese momento, el de la notificación en el domicilio, la multa empezará a contar para que el sancionado pueda acogerse a sus derechos, como recurrir o solicitar la reducción del 40 por ciento por pronto pago. El objetivo de este cambio es ser «más garantista». Barbero explicó que la posibilidad de recurrir o de acogerse al pronto pago se ve muy limitada actualmente, especialmente en situaciones concretas, como las protagonizadas, según el delegado, por «un menor al que le pillaban de botellón no decía nada en casa o un adulto que ni se acordaba de lo que había pasado». La posibilidad de sustituir las sanciones por trabajos comunitarios enfrentó ayer al Ayuntamiento con el Gobierno regional. Desde Ahora Madrid, Barbero reconoció que deberán sentarse a negociar este punto con el Gobierno de Cifuentes, debido a que no estaban de acuerdo con iniciativas de este tipo, aunque matizó que esto era «hace un par de años». Sin embargo, la Comunidad zanjó de raíz cualquier debate en este ámbito y expresó su negativa a poder introducir algún cambio al respecto. El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, rechazó que haya que cambiar ahora la normativa para revisar las sanciones que se interponen en el Ayuntamiento de Madrid por la realización de botellones. Garrido sí aclaró que están «dispuestos a escuchar» las propuestas del equipo de Carmena y recordó que «ya se modificó la ley y que no parece que ahora haya nuevos argumentos que indiquen que mejorar las normativas en sentido inverso provocaría también una mejora de resultados. No está en nuestra agenda pero estamos dispuestos a escuchar», concluyó. Durante su intervención, Barbero lamentó también que haya distintos criterios a la hora de fijar la cuantía de las multas por botellón en función de la normativa que se aplica de acuerdo al caso. Según el relato del delegado de Salud y seguridad, la Ley de Drogodependencias, de la Comunidad de Madrid, recoge multas de 600 euros si el infractor es mayor de edad y de 500 si es menor. En el ámbito estatal, la Ley de Seguridad Ciudadana establece multas de entre 100 y 600 euros cuando la tranquilidad ciudadana sea gravemente perturbada.