La cúpula de Sanidad, querellada por prevaricación

El viceconsejero y tres altos cargos declararán por supuestas anomalías en la concesión de las ambulancias.

Cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad de la región, incluido el viceconsejero Manuel Molina, han sido citados a declarar en calidad de querellados por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en relación a los pliegos de licitación del transporte de ambulancias del SUMMA. La querella por un presunto delito de prevaricación fue interpuesta por la empresa Ambulancias Alerta después de perder la adjudicación debido a la «inviabilidad técnica y económica» de su oferta para cumplir con el servicio contratado, según las explicaciones que ofreció el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la Asamblea el pasado 18 de enero.

En el momento del concurso, Ambulancias Alerta acumulaba incidencias por incumplimiento del servicio, por lo que la Consejería de Sanidad solicitó un informe complementario que acreditase la viabilidad de la propuesta que presentaron. La empresa no llegó a entregar ese pliego y después retiró la oferta. En el transcurso del proceso, responsables de Ambulancias Alertas realizaron grabaciones de conversaciones que mantuvieron con cargos de la Consejería de Sanidad, unas pruebas que han presentado ante el juez. Finalmente el servicio se concedió a la empresa Ferroser.

El Juzgado también solicitó al querellante que aporte más detalle de la mora en el pago de las facturas por transporte de enfermos programados, para además dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno practicar alguna diligencia de investigación. Sanidad ya ha remitido al Juzgado los expedientes correspondientes.

Además de Molina, el juez también ha citado a declarar al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes, y a cinco miembros de la mesa de la contratación de los expedientes administrativos en calidad de testigos. Los pliegos se referían al transporte sanitario en ambulancias que tenían «como destino u origen los servicios de urgencias hospitalarias» y la de «transporte sanitario programado.