La Fiscalía pide la inhabilitación del alcalde de Parla

Uno de los diversos frentes judiciales que tiene abierto el alcalde de Parla, José María Fraile, es el relativo a la polémica destitución del ex jefe de la Policía Local Eduardo Fernández Tejero, que el primer edil llevó a cabo en el año 2009. Un cese para el que Fraile alegó «pérdida de confianza». El afectado denunció esta decisión ante la Justicia y se inició entonces un proceso que va camino de cumplir cinco años.

La Justicia –primero con el fallo de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en 2010– dio la razón al mando policial y en febrero de este año la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de Fraile, con el que el alcalde buscaba frenar la apertura de juicio oral. Tendrá finalmente que declarar ante el juez para explicarle qué motivos le llevaron a destituir al jefe de la Policía y por qué no devolvió a éste a su cargo a pesar de que la Justicia le conmina a ello. La apertura de juicio oral contra Fraile sólo estaba a la espera de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación. Un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que aunque fue elaborado en febrero, no fue notificado a las partes hasta la pasada semana. Como conclusión del mismo, el fiscal determina que tanto Fraile como su por entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, deberán ser interrogados. Asimismo, el fiscal subraya que procede imponer a ambos acusados «por el delito de desobediencia una pena de diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros», lo que eleva la petición de multa hasta los 30.000 euros para cada uno de ellos. Y a continuación, también afirma que por el mismo delito procede imponer una pena «de inhabilitación especial para desempeño del cargo de alcalde en el caso de José María Fraile Campos y del cargo de concejal, en el caso de Mariano Sánchez Toribio, durante un periodo de un año y seis meses». Además del interrogatorio de los acusados, la fiscal solicita el testimonio de otros nueve testigos.

Fianza previa

Dentro del escrito, el Ministerio Fiscal también pide que Fraile y el ex edil Sanchéz Toribio «depositen fianza» para cubrir la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados y, además, insta a varios organismos –como la Unidad de Documentación Fiscal de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil, las policías Nacional y Local, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Seguridad Social– a que identifiquen los bienes inmuebles, los vehículos, ingresos, «medios de vida y fortuna» de ambos acusados, con el fin de tener estos datos ante la hipotética necesidad de que se tuviera que recurrir a esos bienes para pagar la fianza.

En el escrito, la fiscal del Área de Getafe-Leganés recuerda que el alcalde y su concejal de Seguridad actuaron contra Fernández «con intención de mantenerle apartado de la Jefatura de Policía Local aún cuando para ello tuvieran que desatender resoluciones judiciales». Relata cómo después la Justicia obligó al consistorio a restituirle en el puesto «sin dilación», a pesar de lo cual, el alcalde y su concejal mantuvieron «su obstinación por impedir que Eduardo Fernández ocupara la Jefatura de la Policía Local». En conclusión, asegura que «los acusados nuevamente desatendieron las exigencias del Juzgado» además de dictar «resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico».

La fiscal recuerda también que la maniobra que realizó Fraile –crear una plaza de subinspector para la que eligió al sargento Antonio Aguado– fue calificada por la Justicia como un «clamoroso supuesto de desviación de poder para oponerse al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Como paso previo y necesario para la apertura del juicio oral, la acusación particular del afectado –el ex jefe de Policía destituido– ya presentó su escrito en el que, además del delito de desobediencia que también aprecia el fiscal, apunta a la posible comisión de un delito de prevaricación. Por todo ello, los abogados de Eduardo Fernández reclaman que se le imponga al actual alcalde una pena de 12 años de inhabilitación, dos años y medio de cárcel y una indemnización de 300.000 euros.