La gestión del servicio médico reabre la guerra en el Colegio de Abogados

Tras el archivo de una de las causas judiciales abiertas contra la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, su decana, Sonia Gumpert, debe afrontar una nueva guerra dentro de su propio equipo. No es ni mucho menos una crisis menor, ya que ha enfrentado a la decana con su número dos, el vicedecano, Manuel Valero. La disputa tiene su origen en la gestión del Servicio Médico, cuestión sobre la que deben pronunciarse los colegiados en la Junta extraordinaria que se celebrará este jueves.

A través de una carta abierta, el vicedecano insta a sus compañeros a votar en contra de la externalización del Servicio Médico a una operadora sanitaria privada. Una vía, la de la privatización del servicio, a la que la decana Gumpert ha abierto la puerta recientemente. Y ello a pesar de que la propia decana, durante su etapa de candidata y opositora al por entonces número uno del ICAM, Antonio Hernández-Gil, siempre se mostró a favor de que la gestión del Servicio Médico se mantuviera dentro del propio Colegio. De hecho, la Plataforma de Defensa de la Abogacía Madrileña, con Gumpert al frente, tuvo como razón de ser desde su nacimiento la defensa de este seguro médico. La actual decana se opuso a la decisión de Antonio Hernández-Gil de crear la nueva mutualidad, para lo que llegó a reunir 1.200 firmas. Hernández-Gil tumbó la propuesta de Gumpert. Y ahora, sin embargo, la decana, en la carta que ha dirigido a todos los colegiados, detalla los pasos que habría que dar para externalizar la gestión del servicio. En este contexto, la carta de Manuel Valero critica con dureza la posibilidad de externalizar el servicio. «¿Qué gana el ICAM en este viaje aleatorio? Nada tangible, que no sea desconcierto e inseguridad», concluye Valero, quien además advierte de que la Junta «habría consumido un año y medio derrochando energías, realizando importantes gastos no presupuestados». Respecto a la privatización del servicio médico, añade el vicedecano que «se cercenarían derechos adquiridos que afectan al colectivo de compañeros con más de 50 años de colegiación, 600 compañeros en situación muy vulnerable, porque en razón de su edad verían muy complicado y muy caro incorporarse a cualquier otra operadora sanitaria». Y recuerda en la carta el número dos de Gumpert que ambos votaron en contra de la propuesta de Hernández-Gil de crear la Nueva Mutua, por lo que «no se le alcanza como ahora se puede propugnar la «alternativa» de externalización, que choca de plano con la posición que adoptamos entonces». Concluye su escrito preguntándose si «es ético que nuestro Colegio» imite conductas «que cercenan derechos». Fuentes del ICAM consultadas por LA RAZÓN subrayan que el escrito de Valero sólo expresa una opinión particular y que la Junta no se ha manifestado claramente a favor de ninguna de las posibilidades que se contemplan en el futuro de la gestión de este servicio.

Esta polémica llega después de un año cargado de sobresaltos para la institución. Hace una semana, la Audiencia Provincial archivó una de las causas que investigaba las irregularidades cometidas por el equipo de Gumpert en la noche electoral, aunque aún la vía contencioso-administrativa debe pronunciarse en torno a ello y sobre los supuestos pactos previos suscritos por su candidatura, y que no fueron comunicados a la junta electoral. A ello se han unido las continuas polémicas en el seno de su equipo. Y es que a pesar de llevar menos de un año en el cargo, la Junta ha sufrido ya cuatro dimisiones. En el mes de mayo, además, el ICAM despedía a su gerente, Javier Rivera, que permanecía en el cargo desde hacía veinte años.

La oposición planta batalla

Mientras la polémica sigue apoderada de la Junta de Gobierno, las asociaciones que agrupan a importantes sectores de la abogacía de la región siguen reclamando más transparencia al Colegio. Es el caso de la asociación Abogados por un Colegio-Ético, cuyo presidente es el abogado Emilio Ramírez de Matos, presentará en la Junta un decálogo de propuestas entre las que destaca la Modificación de las Normas del Turno de Oficio o la elaboración de un Reglamento del Régimen Interno para el ICAM. La Plataforma en Defensa de la Abogacía, cuya presidenta, Inmaculada C. Juárez, defenderá también una serie de proposiciones para su debate. Pedirá que la decana explique por qué aún no ha cumplido con su promesa electoral de paralizar el proceso de privatización del Servicio Médico, por qué no ha eliminado el límite de la delegación de voto a 3 sufragios y que diga si en 2013 se han producido despidos en la institución.