La Guardia Civil registra la Asamblea tras las pistas de «Púnica»

Dos agentes de la UCO requisaron durante cuatro horas la Cámara regional y se llevaron expedientes de contratos hasta el año 2013

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabaron ayer información durante aproximadamente cuatro horas y media sobre contratos realizados por la Asamblea de Madrid, en la que se personaron sobre las 10 horas y donde permanecieron hasta alrededor de las 14:30 horas. Los agentes llegaron a la cámara vallecana con un mandamiento judicial del Juzgado Central de Instrucción 6, que dirige el instructor de la «trama Púnica», el juez Eloy Velasco, en el que se establecía el «secreto de las actuaciones».

El juez de la Audiencia Nacional ha requerido diversos documentos en relación con la pieza número 14 del «caso Púnica», que trata sobre una presunta financiación irregular del PP madrileño y en la que están imputados, entre otros, el ex gerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, señalaron a Ep fuentes jurídicas, que niegan que la diligencia ordenada por el juez sea un registro. Fuentes parlamentarias detallaron a su vez que la documentación recabada por los agentes corresponde a expedientes de contratación de la Asamblea de Madrid.

Igualmente, el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los contratos que los agentes han pedido en la Asamblea se corresponden con expedientes hasta el año 2013. Garrido aseguró que el único dato con el que cuenta es el de la fecha de la documentación requerida y destacó la «máxima colaboración» con la acción de la Justicia en este y otro tema que corresponda con el Ejecutivo autonómico o la Asamblea.

Por otro lado, en la Asamblea, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tanto el portavoz del PP, Enrique Ossorio, como el de Podemos, José Manuel López, señalaron que al parecer la documentación requerida tiene que ver con la contratación de la cafetería, cuando estaba gestionada por Arturo Fernández, presidente del grupo Cantoblanco.