La número dos de Carmena se enfrenta a un delito de desobediencia

Marta Higueras tiene tres meses para cumplir una sentencia que el Ayuntamiento ha recurrido y que le obliga a vender a sus inquilinos los 250 pisos de Las Victorias

Marta Higueras tiene tres meses para cumplir una sentencia que el Ayuntamiento ha recurrido y que le obliga a vender a sus inquilinos los 250 pisos de Las Victorias.

La dos sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento de Madrid a vender a sus actuales inquilinos las viviendas de la Colonia Nuestra Señora de las Victorias, en Tetuán, podrían tener consecuencias judiciales para la delegada de Equidad, Marta Higueras, si el Ejecutivo municipal no concreta en un plazo de tres meses el proceso de enajenación. Y es que, tal y como informó el miércoles LA RAZÓN, el Gobierno municipal de Manuela Carmena ha decidido recurrir por segunda vez la sentencia que obliga a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a vender las 250 casas de la Colonia de Las Victorias: recurrió después de que en diciembre el TSJM diera la razón a los vecinos y lo ha vuelto hacer ahora cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid ha defendido el derecho de los inquilinos a ser propietarios de las viviendas. Ambos fallos judiciales coinciden en condenar al Ayuntamiento a vender a los vecinos de Las Victorias sus casas y, además, a hacerlo en las mismas condiciones económicas que las que el consistorio ofreció viviendas a los residentes de colonias similares. En concreto, las sentencias fijan un antecedente: el Ayuntamiento está obligado a vender estas casas en los mismos términos que ya hizo con las que integran la colonia Girón, en el distrito Latina.

Los vecinos de la Colonia Girón compraron a la EMVS sus casas por un precio que osciló entre 1,5 y 3 millones de las antiguas pesetas. Y así debe ocurrir con los vecinos de Las Victorias. Sin embargo, en 2009, y es aquí donde está el origen del conflicto, la EMVS decidió cambiar las condiciones de venta para estas familias de Tetuán. Les planteó que la adquisición de la vivienda se haría pero por un precio muy superior: 180.000 euros si querían comprarla o 600 euros si optaban por permanecer en régimen de alquiler.

Los vecinos se plantaron. No querían pagar 30 millones de pesetas cuando los vecinos de la colonia Girón habían comprado viviendas similares por diez veces menos de dinero. Tampoco querían pagar un alquiler de 600 euros, lo que suponía un arrendamiento un 377% más caro que el que estaban pagando en ese momento, de 1,59 euros. Pusieron el problema en manos de la Justicia y tras varios años de desamparo el TSJM les dio la razón en diciembre de 2015. Para su sorpresa el Gobierno de Carmena recurrió, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 volvió a reconocerles el derecho. En este último caso, la sentencia es especialmente dura con el Ayuntamiento. No sólo porque recuerda que no puede revisar al alza el precio de las viviendas –«es un derecho claro de los actores; ni discutir sobre las normas que se han de aplicar: las mismas que se aplicaron a la Colonia Girón»–, sino también porque da un plazo al Gobierno de Carmena para hacer efectiva la venta en favor de los inquilinos. El fallo judicial, al que ha tenido acceso este diario y que está fechado el 26 de abril, sentencia que «la parte ejecutada deberá otorgar las escrituras públicas de compraventa de todos los residentes que lo soliciten en el plazo máximo de cuatro meses». Un plazo que es de obligatorio cumplimiento a pesar de que el Ayuntamiento haya recurrido esta sentencia. Es decir, pese a que la causa será devuelta, tras la apelación del consistorio, al TSJM, el relojo de los cuatro meses para formalizar la venta no se ha detenido, de tal forma que, según fuentes jurídicas consultadas, esta deberá haberse llevado a cabo antes de que finalice el mes de septiembre.

La sentencia determina además que «las personas encargadas de comparecer en las notarías serán Doña Marta María Higueras Garrobo, presidenta de la EMVS, y la consejera delegada de la EMVS, Doña María Serrano Delgado». De lo contrario, advierte la sentencia, «podrán incurrir en un delito de desobediencia».

La decisión del Gobierno de Carmena judicializar el proceso de venta y de no reconocer sus derechos ha indignado a los vecinos. Tal y como relataba esta semana la asociación de vecinos de Las Colonias, lamentan que el objetivo del Ayuntamiento no sea otro que el de «asfixiar y agotar a los residentes», que, con una media de edad de 75 años, ven «mermada su calidad de vida y sus ilusiones». La presidenta de la asociación, Carmen González, considera que la actuación de la delegada Marta Higueras «empeora lo sucedido con el PP» porque «se niegan a cumplir las sentencias. Carmen destaca que es especialmente «grave» que un Gobierno que preside una jueza no acate los fallos judiciales.

C’s denuncia dos colocadas a dedo por Ahora Madrid

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, acusó ayer al Gobierno municipal de crear dos puestos «ad hoc» para «colocar» a dos funcionarias de otra administración, que después fueron nombradas cargos de confianza. «Se trata de una argucia para que estas personas tuvieran estos puestos», explicó Villacís en relación con el nombramiento de la Secretaria General Técnica del Area de Gobierno de Cultura y Deportes, Ana Fernández, el pasado 26 de mayo, y el de la coordinadora general del área de Cultura, Turismo y Deportes, Amaia Apaigar, ayer, ambas procedentes del Ayuntamiento de Alcorcón. Según detalló la portavoz de C’s, se abrieron sendos procesos de libre designación para dos puestos que consideraron «urgentes y necesarios» y que no podían ser desempeñados por ningún funcionario municipal madrileño. «Este nombramiento se ha hecho con los únicos fines de traerse a esas personas para que con posterioridad a los seis días y a los 18, respectivamente, se les nombre coordinadora general del área de Culturas y secretaria general técnica de Cultura», recalcó.