Las mafias del sexo asiático se escondían en Parla

Les prometían sueldos mensuales por encima de los 4.000 euros por trabajar en centros de belleza o de masajes. Hacer eso con unas niñas de apenas 16 y 17 años era tener casi garantizado el éxito del engaño. Las captaban a través de páginas web o incluso a través de anuncios en los periódicos más leídos de una región de China. Allí venía un móvil español y fue uno de los hilos de donde comenzaron a tirar los investigadores. Querían captar a ciudadanos que quisieran viajar a Europa pero que carecieran de medios económicos para ello. La gente llamaba pero ellos seleccionaban sólo a mujeres. Es más, pedían fotos para valorar si cumplían el perfil. La investigación policial comenzó en 2010 en torno al famoso karaoke de Parla llamado El Cielo y El Mundo, que aglutina practicamente todos los hechos delictivos que comenten los chinos en Madrid: prostitución, drogas, apuestas ilegales, armas...

La demanda de chicas en el local abrió las puertas para ampliar el negocio de la prostitución y no sólo en el local de ocio, sino también en pisos para poder ofrecer a las mujeres asiáticas a cualquier hora del día. A partir de las diez de la noche estaban disponibles en el karaoke; el resto del tiempo, en los 15 chalés de esa zona de Parla. Y es que ése fue otro de los movimientos de la organización delictiva que alertaron a los investigadores: se produjo un alquiler masivo de chalés en las cercanías de El Cielo y El Mundo por parte de ciudadanos chinos. Allí era donde meterían después hacinadas y en condiciones casi infrahumanas –las habitaciones ni siquiera contaban con ventanas– a las jóvenes. Estaban obligadas a trabajar las 24 horas del día y debían dar el 40 por ciento del servicio a la organización. El control sobre ellas era tan férreo que incluso recibían insctrucciones muy concretas respecto a cuál debía ser su comportamiento, su vestimenta y su trato con los clientes, para que éstos quedasen satisfechos con el servicio prestado por esta organización criminal que trabajaba como una empresa –había captadores, falsificadores, madammes, cuidadores, conductores...–. Es más, si no cumplían las condiciones o algún cliente daba una queja de ellas, las mujeres eran sancionadas con multas económicas muy elevadas. Además, una vez que llegaban aquí estaban obligadas a ejercer la prostitución al menos durante un año. También tenían que saldar la deuda contraída con la organización por su traslado a España, de entre 12.000 y 14.000 euros. En ocasiones las víctimas llegaban a España por vía aérea, directamente desde China o haciendo escala en Italia. En este caso, bastaba con que éstas tuviesen su pasaporte original en vigor, mientras la organización que las habían captado se encargaba de tramitar sus visados Schengen fraudulentamente. El precio del traslado oscilaba en torno a los 14.000 euros, a abonar entre China y España. Otras veces lo hacían mediante una combinación de rutas aéreas y terrestres. En este caso, las víctimas salían de China en avión con destino a Turquía, portando su pasaporte original y visado de negocios turco. Una vez en Turquía, cruzaban ilegalmente la frontera con Grecia a pie y, desde este último país, viajaban en avión hasta España con documentación falsa o falsificada proporcionada por la organización. En este caso, el precio del traslado oscilaba en torno a los 12.000 euros.

Gracias a esta operación, la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos ha logrado acabar con dos redes de explotación sexual. El cabecilla de la trama fue detenido en un hotel de Zaragoza y entre las dos, que rivalizaban por el control del comercio sexual asiático en la zona sur de la región, poseían once fincas con un valor aproximado de 2.750.000 euros, lo que hace pensar que el volumen de negocio era elevado. En total se han practicado 27 detenciones (26 chinos y un español)–que ya se encuentran en prisión provisional– y se ha logrado liberar a 25 mujeres explotadas, ahora en manos de organizaciones como Apramp. Desde esta organización especializada en la acogida de prostitutas una vez que se deciden a denunciar y pasan a ser testigos protegidos, recordaban ayer que hace falta un centro específico para tratar a este tipo de mujeres por parte de las administraciones. «Hasta que sale el juicio no pueden regresar a su país, que en la mayoría de los casos es lo que quieren», asegura Rocío Nieto, de Apramp.

En los registros domicilarios practicados se han intervenido 35.000 euros y 15.000 yuanes (1.800 euros) en efectivo, sustancias estupefacientes en pequeñas dosis –«cristal», cocaína, hachís–, armas de fuego y munición, cócteles molotov preparados para uso, machetes, 18 teléfonos y cuatro vehículos de media y alta gama.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, calificó esta operación como un «éxito completo» y recordó los satisfactorios resultados del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.