Los agentes del Arena: ¿olvido o desconocimiento del protocolo?

Si la tónica general en el «caso Madrid Arena» ha sido la de que todos los imputados se han dedicado a echar balones fuera acerca de las responsabilidades, ayer se vivió una jornada que no dejó indiferente a ninguna de las acusaciones e incluso al propio juez instructor del caso, Eduardo López Palop. Comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, como testigos, dos agentes de la Policía Nacional y otro de la Policía Local. Los dos primeros fueron quienes acudieron al Madrid Arena el día 31 de octubre antes de que comenzase la fatídica fiesta de Halloween en la que perdieron la vida cinco adolescentes. Uno de ellos manifestó al juez que «fueron a recoger unos papeles, pero que no sabían ni cuáles ni si finalmente se los entregarían», aseguró Nayra Cordero, abogada de la familia de Katia Esteban, una de las chicas fallecidas aquel día. «Dijeron que no iban en representación de Delegación del Gobierno y que no sabían nada acerca de los papeles que tenían que recoger; de hecho, llegaron a afirmar que tenían una segunda misión si no les entregaban nada, que sería la de permanecer unos minutos en la apertura de las puertas y, si se producía algún problema, deberían comunicar a los afectados que llamaran al 091». Lo que más le llamó la atención a Cordero es que «hasta ahora pensábamos que quien supervisó todo y autorizó la apertura del recinto era Delegación y ahora vemos que no es así».

Abdón Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, otra de las fallecidas, comunicó a Ep que «eran simples mensajeros», «hicieron un viaje turístico». Sin embargo, lo más sorprendente de las declaraciones llegó cuando compareció el agente municipal.

Éste actuó como chófer de Cándida Jiménez, jefa de la Policía Local del distrito de Moncloa, aquella noche y explicó al juez instructor que a alguien «se le pasó» avisar al responsable de seguridad de que había una fiesta en el Madrid Arena. «Según el policía, Cándida Jiménez llamó al subinspector y éste no sabía nada de la fiesta, por lo que ordenó a Jiménez que improvisara el dispositivo policial», que fue de 12 agentes, aseveró Cordero. Este comentario llamó la atención del juez de tal modo que, según la abogada, llegó a afirmar que «era demencial y sorprendente», e insistió en que «cómo puede ser que cuando uno aparca mal el coche en seguida tiene a un policía poniendo una multa y para un evento de esta magnitud sólo había 12 agentes». En este sentido, aseguraron los abogados de la acusación que esta información contradice la del jefe de Policía Municipal, Emilio Monteagudo, que «declaró que se había ascendido a nivel de riesgo el carácter de la fiesta». «Es imposible que se produjera eso porque no había nada previsto. Ni el dispositivo ni los medios que había respondían a un nivel de riesgo». Por el contrario, fuentes municipales explicaron que se comunicó por fax a Cándida Jiménez la existencia del evento el 29 de octubre con el fin de que pudiera planificar el servicio. El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de la capital y delegado de Seguridad, Enrique Núñez, aseguró que a la oficial de la Policía Municipal se le asignaron cuatro agentes más para reforzarlo.

Hoy declara Seguriber

José Antonio Díaz Romero, empleado de Seguriber, la empresa que se encargaba de la seguridad exterior del recinto, declarará hoy ante el juez. Los próximos en comparecer serán dos testigos del Samur y lo harán el próximo martes 30 de abril.