Los sanitarios controlarán el 51% de los centros de salud externalizados

MADRID- El Gobierno de la Comunidad tiene ya redactado el borrador del decreto que dará el pistoletazo de salida al cambio en el modelo de gestión de algunos centros de salud. El Plan de Sostenibilidad aprobado por la Asamblea contemplaba la externalización de 27 ambulatorios, un 10% del total. Cuando el Consejo de Gobierno ratifique este decreto, que regula los requisitos de acreditación de las sociedades de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la Consejería afrontará una primera fase en la que prevé externalizar en torno a cuatro de estos centros.

El borrador –que ayer fue presentado a las sociedades científicas y a los colegios profesionales y que podría ser aprobado en un plazo de dos meses– ha sido redactado, según fuentes de Sanidad, con el objetivo de involucrar a los profesionales de la Atención Primaria en la gestión, tal y como vienen reivindicando ellos mismos desde hace años. Y es que al menos el 51% del capital de estas sociedades y de los órganos de administración de las mismas deberá estar en manos de profesionales que presten o hayan prestado sus servicios en la Atención Primaria de Madrid durante un año en el último lustro. De esta forma, tanto el capital como las decisiones deberán contar con el visto bueno de los profesionales que se involucren en la sociedad. Si en algún momento se produce un cambio en su accionarado que provoque que el personal sanitario pierda el control o un incumplimiento de sus obligaciones –las asistenciales entre ellas–, la sociedad se verá imposibilitada para continuar gestionando el centro, lo que obligaría a «rescatarlo».

El texto del futuro decreto subraya que la vigencia de la gestión será de 10 años, aunque podrá ser prorrogada. Estos centros tendrán el mismo horario y, como mínimo, la misma cartera de servicios que el sistema público. Tendrán, eso sí, la posibilidad de ofrecer servicios complementarios –en fisioterapia, podología, y salud bucodental, por ejemplo– fuera de la cartera de atención primaria, sobre los que podrán establecer sus propias tarifas. Tendrán autonomía total para fijar los sueldos, determinar el volumen de su plantilla y realizar las contrataciones. Tampoco se verá modificado el sistema de información a los pacientes, ni los productos sanitarios de los que disponga en su farmacia, aunque sí podrá decidir si los compra de forma autónoma o a través de la compra centralizada de la Consejería. La Comunidad entregará los centros equipados, y la sociedad asumirá los gastos de reposición. Los sanitarios que formen parte de la sociedad y aquellos que sean contratados por éstas se acogerán a una especie de excedencia –«servicios especiales bajo otro régimen jurídico»– sin plazos mínimos de solicitud y durante la que se computarán los años trabajados.

Tal y como sucede con los centros de gestión pública, los externalizados recibirán una cantidad fija por persona y año, que cubre la asistencia sanitaria de la población de referencia asignada. También se les fijará los mismos objetivos que al resto. En función de su cumplimiento, las sociedades se verán bonificadas o penalizadas. Tras la primera fase, cuya puesta en marcha se espera para final de año, y en función de los resultados, se externalizarán más centros hasta llegar a los 27 prometidos. Al tratarse de sociedades profesionales, el Gobierno regional está estudiando la fórmula de concesión del centro, ya que en lugar de un concurso podría articularse a través de un acuerdo marco.