Madrid Arena: caso abierto

Ayer se cumplió un mes de la noche de Halloween más triste que ha vivido nunca Madrid. Aparte de cinco víctimas mortales y sendas familias destrozadas, pocas certezas más han salido a la luz a lo largo de estas cuatro semanas cargadas de homenajes a las fallecidas, declaraciones judiciales de los posibles responsables de la tragedia, comisiones de investigación, ceses políticos y una cascada de reacciones y exhaustivas inspecciones técnicas en edificios municipales. El caso cayó en manos de Eduardo López Palop, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 51, que se encontraba de guardia la fatídica madrugada del 1 de noviembre y autorizó el levantamiento de los cadáveres de las dos jóvenes que ya no salieron con vida del botiquín del doctor Simón Viñals: Cristina Arce y Katia Esteban. Rocío Oña murió a su llegada al hospital Clínico esa madrugada, Belén Langdon (menor de edad) murió dos días más tarde y Teresa Alonso, hace sólo tres días. Aunque las familias están viviendo un complicado duelo -se trata de chicas muy jóvenes y un caso muy mediático-, lo que ocupa ahora a estos padres golpeados por la tragedia es exigir responsabilidades. De la comisión de investigación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid pueden esperar que se cree un marco legislativo quizás hasta ahora algo vago o ambiguo para que algo así no vuelva a suceder y que se revisen aquellos puntos olvidados por la Administración, pero el foco de atención no está en la Plaza de la Villa -donde se está desarrollando la comisión-, sino en Plaza de Castilla.

Allí es donde se está desarrollando la instrucción del caso y por allí han pasado a prestar declaración ante el juez dos de los, por ahora, cuatro imputados en el procedimiento: Miguel Ángel Flores, organizador del evento; Carlos Manzanares, supuesto responsable de la seguridad en el interior; un responsable de Seguriber, responsable de la seguridad exterior y Pedro Calvo, ex delegado del Área de Economía y Hacienda y presidente de Madrid Espacios y Congresos.

Botellón y avalancha

Los dos primeros acudieron a declarar a Plaza Castilla los días 20 y 21 de noviembre. Miguel Ángel Flores, para quien el sindicato Manos Limpias ha vuelto a solicitar prisión provisional por riesgo de fuga, se eximió de cualquier posible responsabilidad y echó la culpa al Ayuntamiento de Madrid: a la Policía Municipal por tolerar el botellón exterior desde donde, asegura, se colaron en tropel miles de jóvenes y a Seguriber, la empresa de vigilantes de seguridad impuesta por el consistorio. Flores aseguró -en una declaración que duró más de tres horas- que sólo vendió 9.600 entradas, mientras que el posterior conteo de tiques encontrados por la Policía en un pabellón anexo al Arena elevaba la cifra hasta las 16.791 entradas. Eso sólo en venta, por lo que si sumamos las entradas VIP, las listas de invitados de Madridec y de los artistas y los cientos de jóvenes que se colaron, la cifra de personas que realmente estuvieron en el interior del pabellón aquella noche podría superar las 20.000, según fuentes policiales. No obstante, Flores tendrá que volver a ser llamado a declarar para explicar el sobreaforo, así como otras decisiones que tomó aquella noche, como por ejemplo, la apertura de portones en cota 5 y cota 0 (nivel 1 y nivel 0, en la pista) por parte del jefe de personal de Diviertt, por donde entraron miles de jóvenes en masa directamente a la pista central. Al día siguiente declaró Carlos Manzanares, responsable de Kontrol, 34, que aseguró ante el juez que él simplemente puso a disposición de Diviertt a personal con carné de controlador de acceso, aunque aquella noche no iban a desempeñar este cargo, sino el de simples auxiliares. También dijo Manzanares que «sus chicos» no «tocaron» las entradas ni tenían que pedir los DNI. Sin embargo, en las imágenes aparecidas se aprecia cómo ellos desvían a los jóvenes de malas formas impidiéndoles el paso por otras salidas de emergencia y algunos testimonio sí les sitúan recogiendo entradas. Manzanares acusó como responsable de la seguridad aquel día a Seguriber, cuyos empleados eran los únicos titulados como vigilantes de seguridad.

Ninguna de las dos declaraciones, por tanto, han conseguido aportar algo de luz al caso. A lo mejor, todo lo contrario. Y es que, como bien dice un abogado de la causa, «por un lado va la realidad procesal y por otro, la vida real». Buen ejemplo de ello es que, aunque la Fiscalía haya solicitado la imputación de otros siete responsables más, el juez aún no lo ha admitido. Otra prueba es que el próximo día 11 de diciembre esté prevista la declaración del responsable de Seguriber, mientras desde la empresa aseguran que no han recibido aún ninguna citación. No obstante, han declarado a los medios que su cometido estaba en el exterior del pabellón. También tendrá que pasar ante Eduardo López Palop y la fiscal el ex delegado de Economía y ex presidente de Madridec, Pedro Calvo. La suya fue la primera dimisión del caso. Más tarde vendrían los ceses de los responsables de Madridec (el consejero delegado, José Rivero y el director gerente, Jorge Rodrigo), a quien la alcaldesa de la capital, Ana Botella, cesó por falta de confianza.

Un recuerdo imborrable

Al margen de las investigaciones abiertas en torno al caso, las familias de las víctimas siguen, a duras penas, adelante con su rutina. Ayer en los perfiles sociales de las hermanas de Cristina y Katia podían leerse cariñosos mensajes de recuerdo. Mantener viva la memoria de las chicas también se ha convertido en el objetivo de sus amigos y vecinos. En la Alameda de Osuna algunos de ellos han solicitado al Pleno del Ayuntamiento -que lo debatirá esta semana- poner el nombre de Cristina y Rocío a una de las plazas más emblemáticas de este barrio residencial. Mientras, para llevar adelante el proceso judicial, han habilitado el correo victimasmadridarena@gmail.com en el que piden la colaboración de los testigos de la fiesta.

Funeral íntimo para despedir a Teresa

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós a María Teresa Alonso, quinta víctima mortal de la avalancha registrada en el Madrid Arena, en una misa funeral oficiada en el municipio madrileño de Bustarviejo, donde fue enterrada. A la ceremonia asistieron más de un centenar de personas, entre ellos numerosos jóvenes. Al término del funeral, un cortejo fúnebre acompañó los restos mortales de la joven desde la iglesia hasta el cementerio de Bustarviejo, localidad natal de la madre de María Teresa.La familia había expresado su deseo de que el entierro transcurriese en la más estricta intimidad. Visiblemente emocionado, el alcalde de Bustarviejo, Ángel Temprano, explicó a los periodistas que la familia de María Teresa es muy querida en el municipio, y recordó que ayer el pleno municipal guardó un minuto de silencio en recuerdo de la joven y leyó una declaración de condolencia. El primer edil pidió que se investigue con profundidad lo sucedido en el recinto de Madrid Arena para que no vuelva a suceder nada similar.