Madrid Central, blindada hasta 2020

El TSJM acordó ayer denegar la paralización del cierre al tráfico de Centro como medida cautelar en las demandas contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible. La decisión definitiva sobre su puesta en marcha no se conocerá hasta dentro de un año.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ayer la medida cautelar de paralizar la puesta en marcha de la Área de Prioridad Residencial (APR) del distrito Centro, Madrid Central, tal y como pedían tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid en sus demandas contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible que entró en vigor el pasado octubre en la capital. La decisión del TSJM supone que al menos hasta 2020 se mantendrá el APR con sus actuales características puesto que no se espera un pronunciamiento definitivo sobre sendas demandas hasta al menos dentro de un año.

Además, pese a que los resultados de las elecciones de mayo pueden relevar a Manuela Carmena de la Alcaldía de Madrid, el nuevo equipo de Gobierno necesitará varios meses para realizar una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible o aún más tiempo si se trata de hacer otra ordenanza. Con todo, el acuerdo de Junta de Gobierno para el inicio de Madrid Central admite ciertas modificaciones que podrían afectar a las condiciones de entrada en la APR, no se tratarían de cambios de gran calado.

Al respecto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recordó que la puesta en marcha de Madrid Central «en pruebas» no es tal, por lo tanto los autos del TSJM no alteran la situación actual en la que no se está sancionando a quienes acceden al APR sin autorización.

«La decisión adoptada por el TSJM no prejuzga el fondo del asunto y, por tanto, el proceso judicial sigue en marcha y estamos a la espera de la sentencia. Nosotros confiamos en que esa sentencia será favorable sobre el fondo del asunto y no sobre el tema cautelar», apuntó a su vez Martínez-Almeida. En la misma línea, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, consideró que «la primera medida cautelar ha sido la del Ayuntamiento al decidir no sancionar hasta marzo» de 2019. Más allá fue la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que se comprometió a deshacer Madrid Central y los carriles bici más conflictivos cuando se hagan con el Gobierno municipal. «Nos vamos a comprometer con todos los madrileños a revertirlo y buscar nuevas alternativas», afirmó.

Por su parte, desde el Gobierno municipal celebraron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no admitir la paralización de Madrid Central y pidieron a la Comunidad que desista de la vía judicial contra el consistorio madrileño. «Que empiecen a trabajar desde la colaboración y la coordinación con el Ayuntamiento en beneficio de la salud y la ciudadanía», reclamó la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que apuntó que el auto del TSJM señala precisamente esa coordinación de las administraciones para servir al interés general. En concreto, el auto que responde a las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional señala que ambas administraciones «se responsabilizan mutuamente» de la falta de colaboración y coordinación.