Parla legaliza a sus «okupas»

El número 15 de la calle Toledo de Parla no es más que un «punto negro» en la ciudad para su alcalde. Así lo defendió José María Fraile durante el reciente Debate sobre el Estado de la Ciudad. La Delegación del Gobierno y buena parte de los vecinos ven, sin embargo, en este edificio un alarmante foco de inseguridad. Hace un año, en enero de 2012, en torno a veinte de estos pisos fueron ilegalmente ocupados por decenas de personas. De manera inmediata, la convivencia comenzó a deteriorarse. Reyertas, peleas, robos, amenazas, algún apuñalamiento y el maltrato a las zonas comunes generaron un clima irrespirable. Muchas de las 280 familias que, en 2008, habían sido beneficiarias del Plan Municipal de Vivienda y que recibieron las llaves de su casa de manos del por entonces alcalde Tomás Gómez abandonaron el edificio. Su lugar fue ocupado por más «okupas».

Tras negar durante meses que este conflicto fuera de su competencia, el equipo de Gobierno municipal ha decidido atajarlo ahora a través de la regularización de los vecinos ilegales. Según informa el propio consistorio, la solución llega tras la firma de un convenio con la Fundación Todo Ayuda, que pasará a gestionar el inmueble a través de un proyecto de alquileres sociales. Uno de los puntos más controvertidos del convenio radica en la posibilidad de que «aquellas personas que residen actualmente en el edificio de forma ilegal regularicen su situación o por el contrario lo abandonen de inmediato». En la práctica, la iniciativa promovida por la concejala de Vivienda, María José López Bandera, se traducirá en que aquellos que ocuparon los pisos que el propio Ayuntamiento había concedido a otros vecinos puedan «legalizar» su situación por un alquiler que oscilará entre los 52 y los 62 euros. A esta cantidad se sumarán otros 40 euros destinados a gastos de comunidad. De esta forma, los «okupas» podrán convertirse en «vecinos legales» por pagar un alquiler que, como mucho, llegará a los 100 euros. Esta situación contrasta con la que viven los legítimos adjudicatarios de las otras promociones del Plan Municipal de Vivienda de Parla, que pagan alquileres cuatro veces superiores y fianzas cercanas a los 2.000 euros.

Si los «okupas» no pagan, el Ayuntamiento promete desahuciarlos «de forma inmediata». A todo ello se une la pretensión del Ayuntamiento de alojar en este mismo edificio a otras familias parleñas en dificultades. Desde la oposición, el concejal del PP, Joaquín Reyes, ha calificado la iniciativa de auténtico escándalo: «El PSOE no ha hecho nada para solucionar este problema y ahora pretende que los ocupas, muchos de ellos delincuentes peligrosos, se queden para siempre».