Rechazada la demanda contra Aguirre y Figar por los profesores de inglés

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha admitido a trámite la denuncia presentada por el sindicato UGT contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y la consejera de Educación Lucía Figar por la contratación de 28 profesores nativos angloparlantes.

El sindicato UGT presentó en noviembre una denuncia por prevaricación administrativa contra la expresidenta y la consejera, a las que acusó de contratar a estos profesores para impartir clase en colegios públicos bilingües a través de una página web y sin cumplir el sistema reglamentario de oposición.

Tras la denuncia, la Fiscalía remitió en junio de 2013 un informe remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que defendía la admisión a trámite de la denuncia.

Ahora, el auto de la sala Civil y Penal del TSJM, fechado el pasado 15 de julio, ordena el archivo de las actuaciones al entender que la apertura de un proceso penal "carece de justificación"al no existir ni haber sido imputadas a las demandadas acciones u omisiones de relevancia penal.

El escrito judicial considera que de los hechos objeto de denuncia y de la documentación aportada por la Comunidad de Madrid "se desprende la inexistencia de hechos indiciarios y con un mínimo de relevancia"que justifiquen la apertura de un proceso penal.

Además, el fallo considera que la denuncia adolece de una "falta de imputación concreta"de los hechos supuestamente delictivos sin precisar las supuestas "resoluciones administrativas prevaricadoras".

El auto expone que la contratación de los profesores no supuso supuestos delitos de enriquecimiento propio o de terceros, malversación o desvío de recursos públicos, ni el supuesto nombramiento de personas "afines"en los personal o lo político a las denunciadas.

Además, indica que estas contrataciones de profesores para potenciar la enseñanza bilingüe son una "actividad plausible"y "plenamente controlable"en la esfera administrativa y política y en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El informe del secretario general técnico de la Comunidad de Madrid, prosigue el fallo,"constata de forma extensa los antecedentes administrativos y de política educativa que sustentan la actividad desplegada", avalada en las distintas fases por convenios y acuerdos "nacionales o internacionales".

El auto remarca que su función no es pronunciarse sobre si el procedimiento de contratación se ha ajustado a los "estrictos criterios de legalidad".

Expresa además que la supuesta existencia de una ilegalidad administrativa en las contrataciones sería controlable a través de recursos contenciosos-administrativos y no a través de la vía penal, "restringida a los casos más graves".

Igualmente, indica que los contratos "no afectan, sustituyen ni perjudican"al personal funcionario de carrera ni laboral contratado", según se desprende del informe oficial.

"De todo ello se desprenden dos conclusiones elementales: la apariencia plena de sujeción a determinado procedimiento y garantías administrativas, y en segundo término, la inexistencia de conducta alguna, aún con el ya referido carácter indiciario, o de mínima relevancia penal", añade el auto.

Contra el auto, el sindicato UGT puede interponerse un recurso de súplica en un plazo de tres días.

Tras conocerse la contratación de los profesores nativos, UGT señaló que estos docentes cobran unos 5.000 euros menos al año que el resto del personal docente de la Comunidad de Madrid de su misma categoría, a pesar de trabajar trabajan cuatro o cinco horas más a la semana.

Según el sindicato, estos profesores nativos tienen problemas para expresarse en castellano y ocupan puestos de trabajo en asignaturas como educación física, música o plástica que para las que existen docentes españoles cualificados.