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Revés a Carmena en la guerra de los pisos turísticos

La CNMC denuncia la norma municipal que restringe las viviendas de alquiler vacacional

  • El Ayuntamiento aprobó el pasado enero una normativa que frenaba la concesión de todas las licencias de hospedaje en Centro y de las viviendas de uso turístico en determinados barrios de la capital / Fotografía: Alberto R. Roldan
    El Ayuntamiento aprobó el pasado enero una normativa que frenaba la concesión de todas las licencias de hospedaje en Centro y de las viviendas de uso turístico en determinados barrios de la capital / Fotografía: Alberto R. Roldan

Tiempo de lectura 8 min.

08 de agosto de 2018. 07:44h

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Nuria Platón 8/8/2018

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena ha recibido un fuerte revés en su guerra contra los pisos turísticos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a impugnar judicialmente la moratoria que estableció el equipo de Ahora Madrid y las restricciones para otorgar licencias de viviendas de uso turístico en determinados distritos de la capital. Según explicó ayer la CNMC, las normas urbanísticas que la capital aprobó recientemente para regular este tipo de hospedaje son «contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios». Es más, en contra de lo que reclama el Consistorio madrileño, la Comisión de Mercados y la Competencia sostiene que provocan un aumento de los precios en el alojamiento turístico y reduce su calidad, al impedir la entrada de nuevos operadores.

En concreto, la CNMC impugnará el acuerdo de la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana del pasado 23 de enero y el acuerdo de la Junta de Gobierno del 1 de febrero, mediante los cuales se establece una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas, y también establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos de la capital: Centro, para toda clase de hospedaje– y en Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles –para viviendas de uso turístico–.

Además, la Comisión denuncia que realizó al Ayuntamiento de Madrid –así como a los de San Sebastián y Bilbao en el País Vasco, cuyas normas sobre pisos turísticos también serán impugnadas– un requerimiento previo para que justificase la necesidad y proporcionalidad de las restricciones para alquilar apartamientos y viviendas turísticas, para que, en caso de no cumplir con lo establecido por la CNMC, se anulasen, evitando así tener que recurrir las normas ante los tribunales. «Sin embargo, al no haber sido contestados satisfactoriamente, se ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo», señalaron desde la Comisión ayer en un comunicado.

No se trata de la primera denuncia a Carmena por su regulación de pisos turísticos, puesto que asociaciones como Madrid Aloja, que reúne a los propietarios y gestores de 3.000 viviendas de uso turístico en la capital, ya había recurrido las decisiones tomadas el pasado enero por el Consistorio madrileño.

Y es que, al compás de lo aprobado a comienzos del año y que ahora impugna la CNMC, el equipo de Ahora Madrid aprobó inicialmente un Plan Especial de Regulación del Uso del Hospedaje que amenaza con cerrar el negocio no sólo a los pequeños propietarios sino a las pensiones de toda la vida en las primeras plantas de muchos distritos de la ciudad. Según dicho Plan –que también recurrirán si se hace efectivo desde Madrid Aloja–, será necesario un acceso independiente para poder implantar uso de hospedaje en edificios residenciales y tan sólo quedarán exentos de pedir licencia los propietarios que alquilen su vivienda menos de 90 días al año, puesto que por encima de dicho plazo se considera que no es economía colaborativa sino una actividad empresarial.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Madrid ya han confirmado que defenderán en los tribunales la impugnación de la CNMC de su normativa sobre pisos turísticos. «Defenderemos nuestras medidas en los tribunales porque nuestro objetivo es poder regular un sector que proteja los usos residenciales del suelo siendo estas competencias, las del Urbanismo, de los ayuntamientos, al mismo tiempo que favorecemos la competencia en un sector donde también están hostales y hoteles», explicaron fuentes municipales a Europa press.

Sin embargo, desde el PP, el concejal Íñigo Henríquez de Luna, recordó que el grupo municipal popular ya auguró que dicha normativa, «absolutamente injusta», terminaría siendo «tumbada» por los tribunales, puesto que tan sólo ha contribuido a crear inseguridad jurídica. ««Esta normativa ha perjudicado a los vecinos y a todas las personas que se han dedicado a una actividad que hasta ahora ha sido legal y que el equipo de Carmena, de forma irresponsable, ha decidido colocar fuera de la Ley», aseveró. Del mismo modo, el concejal de Ciudadanos, Bosco Labrado, se alineó con las conclusiones de la CNMC al respecto de que la norma impuesta por Ahora Madrid para las viviendas de uso turístico, «es contraria a la competencia, aumenta precio y reduce calidad de alojamientos turísticos, perjudica a consumidores y usuarios», afirmó a través de las redes sociales.

Sin justificar

Según considera en su comunicado la Comisión de Mercados y Competencia, dichas normas «no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos». Es más, señaló que «no se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos». Al respecto, el concejal de Economía del Ayuntamiento de la capital, Jorge García Castaño, defendió que «lo que se recurre es la competencia urbanística de los ayuntamientos» así como «la posibilidad de garantizar que lo que el planeamiento urbanístico define como uso residencial sea realmente vivienda».

Por contra, Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, señala que el error de base del Consistorio madrileño es la interpretación de las viviendas de uso turístico como «hospedaje», que no «de servicios hoteleros». Desde su punto de vista, Carmena tiene «el afán de sincronizarse con Barcelona y París, que sí son ciudades saturadas de turistas» así como culpar a los pisos turísticos de la subida de alquiler que se explica con la subida que no hubo durante la crisis –cuando hubo una bajada de entre el 25 y 30% de los precios de alquiler– y que ahora, al cumplirse los contratos de cinco años, se ha recuperado.

Asimismo, Meras puntualiza el hecho de apostillar como de uso turístico al tipo de alquiler que realizan los asociados de Madrid Aloja. «Tenemos dos perfiles mayoritarios de socios: por un lado aquellos que viven fuera de Madrid, donde sí están sus hijos, y que no quieren vender la casa para poder alojarse en ella cuando les visiten y, por otro lado, emigrantes que regresan durante un mes al año y quieren disponer de su casa», detalla. A esto se añaden aquellos propietarios que han tenido malas experiencias con el alquiler tradicional y, por último, los que lo hacen por «moda» que, según afirma Merás, «no duran más de un año». Según el presidente de Madrid Aloja, el alquiler vacacional no supone un beneficio mayor respecto al tradicional, pero permite a los propietarios dos cuestiones fundamentales: la disponibilidad del piso y la seguridad del cobro. «Con esta normativa, Carmena pretende amedrentarnos pero va dando tumbos y ya se ha tenido que desdecir», apunta.

Impugnada la norma en Bilbao y San Sebastián

La CNMC también ha anunciado la impugnación de la normativa sobre pisos turísticos de los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián en el País Vasco. En Bilbao, solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los edificios, salvo que tengan acceso independiente de la calle. Además, se exige autorización y registro, y se establecen límites y exigencias. En San Sebastián, la normativa es similar a la de Bilbao respecto a los bajos y primeras plantas y además prohibe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

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