Un piso en Vallecas, segunda oportunidad para Julián y sus «chavales»

Una grave enfermedad renal obligó a Julián a dejar su empleo de quiosquero. Tras más de 20 años trabajando, le fue declarada una incapacidad permanente absoluta. Con dos hijos a su cargo y una pensión con la que no podía hacer frente al pago de la hipoteca, Julián fue desahuciado en 2011. Perdió la vivienda que había comprado con su mujer –de la que se había divorciado– y también otro domicilio que habían puesto como aval. De un día para otro, y según sus palabras, «se quedó en la calle por circunstancias de la vida». Comenzó en ese momento a vivir en la casa de un amigo. Ahora se encuentra a la espera del trasplante de un riñón, pero al menos puede disfrutar desde ayer de una «nueva morada» en la que vivir junto a sus «chavales» de 18 y 21 años.

Se trata de la primera vivienda pública que el Ivima cede en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad, que, tras haber sufrido un desahucio hipotecario, no pueden afrontar el pago de una vivienda. «Sé que como yo hay muchos más, incluso peor que yo», reconocía Julián tras abrir por primera vez la puerta del que será su hogar al menos durante los próximos cinco años. Pagará poco más de 200 euros al mes por un piso de 60 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas, con un dormitorio y con garaje.

El presidente regional fue el encargado de entregar las llaves a Julián. Destacó Ignacio González la apuesta de la Comunidad por una iniciativa que permitirá poner a disposición de familias en riesgo de exclusión social y a un alquiler de entre 40 y 200 euros, viviendas «vacías, arregladas y acondicionadas». El proyecto es el resultado del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y Cáritas. A lo largo de esta semana, se completará la entrega de 102 casas. En posteriores fases, se realizará la adjudicación del millar de pisos comprometidos por el Ivima. Su adjudicación, sin embargo, dependerá en exclusiva del criterio de Cáritas. Las casas están repartidas por 34 municipios de la comunidad –la mitad de ellas en la capital– y han sido recuperadas de ocupaciones ilegales. Ello ha obligado a ponerlas a punto mediante el pertinente acondicionamiento, que es realizado por personal voluntario de Cáritas.

Ignacio González subrayó que el convenio no busca mantener el alquiler sistemáticamente, sino dar a los ciudadanos la posibilidad de «insertarse en la sociedad». Por su parte, el director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte, aprovechó para poner en valor el programa social que acompaña a la entregas de las casas, que busca favorecer la integración social de los inquilinos, que son personas que «se sienten maltratadas por la vida, en el inicio de una nueva etapa».