Una profesora «expulsada» por 25 escalones

Belén Luján es maestra y trabaja en un colegio de educación infantil y primaria público que está muy cerca de su casa. Después de pasar por otros dos centros de la Comunidad de Madrid y tras años de solicitudes finalmente consiguió el traslado al colegio República del Ecuador, en Opañel.

Belén Luján es maestra y trabaja en un colegio de educación infantil y primaria (CEIP) público que está muy cerca de su casa. Después de pasar por otros dos centros de la Comunidad de Madrid y tras años de solicitudes finalmente consiguió el traslado al colegio República del Ecuador, en Opañel. Aunque en un principio la situación no podría ser mejor, una circunstancia hace que la opción de volver a pedir el cambio de lugar de trabajo esté sobre la mesa y que además gane cada día más fuerza. Cada peldaño de las escaleras que tiene que subir día tras día es también un paso más en su decisión de dejar el centro, un lugar en el que asegura está «encantada» tanto con el resto de profesores como con los alumnos. Luján tiene una discapacidad reconocida del 44 por ciento, y aunque reconoce que en llano no tiene mayores problemas para caminar, los inconvenientes llegan con los 25 escalones que le separan de las aulas.

«Como norma, los colegios no son lugares adaptados, tan solo hay algunos centros preferentes para alumnos con necesidades especiales en ciertos distritos», explica, y lamenta que por su discapacidad no puede optar a trabajar en todos los colegios públicos en los que tendría derecho a ejercer su profesión por su condición de funcionaria autonómica: «No puedo seguir aquí a largo plazo a pesar de que estoy encantada con mis compañeros y vivo muy cerca». Antes de recalar en el CEIP República del Ecuador, está docente trabajó en otros dos colegios, de los que solo uno contaba con ascensor: «Es curioso, porque el edificio era mucho más viejo que este», indica.

Esto no solo afecta a alumnos y a profesores con algún tipo de problema de movilidad crónico si no que, como ella misma recuerda, ningún escolar está libre de sufrir un percance, por ejemplo romperse una pierna, y de necesitar un ascensor para llegar hasta su aula. «O lo suben en brazos, o nada», recuerda, y añade que esta situación también perjudica al resto de usuarios habituales de los colegios, entre ellos a los padres que en algún momento quieran acceder con un carricoche y al personal de limpieza.

A esto se suma otra traba añadida, que es que en el momento de pedir el traslado Belén Luján no tiene ninguna manera de saber de forma oficial si el colegio en el que solicite plaza se encuentra adaptado a sus necesidades o no. «Me toca hacer investigación en los centros de mi zona», indica. Una vez localizadas las instalaciones educativas sin barreras arquitectónicas, tiene que esperar a que cuenten con una vacante disponible de su especialidad.

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay cerca de ochocientos colegios de educación infantil y primaria, de los que alrededor de 240 se encuentran en la capital. Para los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a problemas de movilidad la Consejería de Educación cuenta con un listado de centros de escolarización preferente para menores con discapacidad motora. Según la página web regional, estos cuentan con «recursos personales y materiales específicos que contribuyen a mejorar el nivel de inserción de estos alumnos, permitiéndoles cursar el currículo ordinario establecido». En el curso académico 2016-2017 eran un total de 114. En Carabanchel, el distrito en el que vive Belén Luján, solo hay tres.

La postura del Ejecutivo regional es que ningún centro puede ser accesible al cien por cien. Las instalaciones condicionan la posibilidad, por ejemplo, de instalar un ascensor, y las opciones son cada vez más bajas cuantos más años tenga el edificio. «Según el acuerdo educativo se ha aumentado un 30 por ciento la inversión en infraestructuras, y una parte importante va a mejorar la accesibilidad», precisan fuentes de la Consejería de Educación, que aseguran que el plan de perfeccionamiento de la accesibilidad y de la evacuación «ya se está llevando a cabo».

En cuanto a las soluciones al problema de Luján, desde la Comunidad recuerdan que el centro tiene las competencias para organizar los horarios y las clases en función de las necesidades de los alumnos y los profesores: «Por ejemplo, pueden hacer que esta profesora imparta docencia en las aulas de la planta baja», sugieren. Además, a pesar de que en la descripción oficial de los centros de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora no se mencionan en ningún momento los problemas de los docentes, aseguran de que en el caso de que en el momento de pedir traslado los trabajadores indiquen que necesitan unas condiciones especiales, la Comunidad «tendrá en cuenta» la situación. «Los colegios son accesibles, aunque igual no lo son al cien por cien», concluyen.