Una segunda oportunidad para los desahuciados

Casi un millar de los 23.000 pisos de la red del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid se cederán a familias afectadas por un proceso de desahucio hipotecario, aunque no exista sentencia firme. Se trata de un convenio firmado ayer por el presidente regional, Ignacio González, y el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, con el director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte. Será la organización sin ánimo de lucro la que seleccione a los beneficiarios de las viviendas para que residan en ellas de forma temporal (por un máximo de cinco años) para que puedan retomar el tipo de vida que llevaban antes de que la crisis los situara al borde de la pobreza. Pagarán de alquiler entre 40 y 200 euros mensuales, en función de cada caso. Se trata de viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados ubicadas en 34 municipios de la Comunidad -como Navalcarnero o Alcorcón, aunque la mitad de ellas están en Madrid capital-, que han sido recuperadas por el instituto regional tras un proceso de «okupación» y que ahora serán rehabilitadas por el personal voluntario de Cáritas y financiado por esta organización.

El presidente regional, Ignacio González, confió en que pronto puedan recuperarse más viviendas del Ivima, que «desgraciadamente también sufre el movimiento "okupa"». No obstante, el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, matizó que «actualmente no se producen desahucios en viviendas del Ivima» para no contribuir a la exclusión social en tiempos de crisis.

En menos de un mes

Las primeras 500 viviendas se entregarán a sus beneficiarios antes de navidades, según un portavoz del Gobierno regional, y las siguientes, en función de cuándo se vayan rehabilitando, aunque las mismas fuentes aseguraron que será a primeros de año. Por otra parte, trabajadores de Cáritas y del Ivima harán un seguimiento constante cada año para comprobar que las familias asignadas continúan cumpliendo los requisitos para residir en una de estas vivienda sociales. Y es que el objetico de este proyecto no es otro que dar una oportunidad de «recuperar su vida» a esa gente de clase media que, a causa de la crisis, se ha visto sin nada y no aspira a vivir en un piso social toda su vida. «No estamos hablando de personas que no quieren pagar sus casas o que quieren instalarse ilegalmente, sino de gente que en estos momentos no puede hacer frente a esos costes», subrayó el vicepresidente regional, que recordó que más de 5.000 inquilinos de pisos públicos han visto reducido su alquiler una media de 40 euros mensuales.

Para el responsable de Cáritas, la vivienda es un requisito fundamental para la integración, porque sin ella «es difícil que haya familia» y porque su falta hace más complicado que una persona «recupere su dignidad y vuelva a ser útil en la sociedad».